La medida, al parecer, se tomó de manera unilateral y no contó con el apoyo de la gran mayoría de los notarios poblanos que la interpretaron como un falso espaldarazo en el peor momento de la crisis que vive el gobierno estatal a partir del impune asesinato de José Luis Tehuatlie Tamayo a manos de policías en el desalojo de la autopista a Atlixco el pasado 9 de julio.
La ausencia de apoyos espontáneos al gobernador en estos tiempos difíciles ha sido demoledora, contundente y desde lo más alto del poder político se presiona a diferentes sectores a hacer pronunciamientos a favor del mandatario.
El pretexto del desplegado fueron las modificaciones a la Ley del Agua que obliga a darse de alta en el padrón de Soapap a quienes pretendan tener certeza jurídica de su propiedad al registrar su escritura.
La medida, comentada en este espacio, da facultades nunca antes vistas a los registradores públicos y se aprobó en el Congreso para favorecer aún más a la empresa que tiene en sus manos la concesión del agua potable para la capital y los 7 municipios conurbados.
El agradecimiento parece a todas luces extemporáneo.
Las modificaciones se aprobaron desde mayo y el tema dejó de ser noticia hace mucho tiempo.
Recién aprobados los cambios no existió pronunciamiento alguno por parte de los notarios.
Mucho menos un agradecimiento.
El desplegado luce tan falso que le dedica unas conmovedoras líneas al Secretario General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, uno de los peores damnificados por el tema Chalchihuapan, no solo por su enorme ineptitud como operador político encargado de la gobernabilidad del estado, sino porque de su boca salió la peor frase en la historia del servicio público poblano: “las piedras de gran calibre”.
No hay que olvidar que en sus reuniones con periodistas para vender su versión oficial, el propio gobernador deslizó que la idea y autoría de la tristemente célebre Ley Bala fue de su Secretario General de Gobierno.
A Maldonado, la cúpula notarial le reitera “el agradecimiento por el apoyo que ha dado a la función notarial y a los compromisos hechos con el Notariado Poblano en beneficio de la ciudadanía”.
Más allá de lo que diga el hipócrita desplegado, lo cierto es que no han sido buenos años para el notariado poblano en términos de su relación con el gobierno estatal.
Escudándose en la lucha contra la corrupción en este sector, el gobernador ordenó al Congreso votar una serie de modificaciones a la Ley del Notariado que pretendían mantener a los fedatarios a raya y bajo control.
La amenaza constante del retiro de la patente pende todavía como espada de Damocles sobre la cabeza de los notarios.
¿Y qué decir del encarcelamiento de Juan Carlos Salazar Cajica?
Lo acusaron de falsificación de documentos y después fue dejado libre por falta de pruebas.
Además de lo anterior, los notarios sufrieron en carne propia la enorme corrupción que prevaleció en el IRCEP bajo la tutela de Alejandro Pagés y el enorme fracaso de su ambicioso proyecto de modernización y bursatilización.
Penoso.
Basta ver quienes son hoy los que ocupan cargos importantes en el Consejo de Notarios de Puebla para entender las implicaciones políticas del desplegado y la burda intentona de lavarle la cara a un gobierno que ha utilizado todos los recursos materiales y humanos a su alcance, para encubrir el asesinato de un niño.
