El gobierno del estado no tiene balas de goma en su arsenal policiaco –aunque la Comisión Estatal de Derechos Humanos documentó que en 2011 y 2009 se utilizaron proyectiles de goma o plástico en operativos policiacos-, aseguró en una rueda de prensa que se realizó el pasado la mañana del sábado 19, unas horas antes de que se decretara la muerte de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, el secretario de Seguridad Pública del estado, Facundo Rosas Rosas.
Y para corroborar su dicho el funcionario estatal, el mismo sobre el que pesa una recomendación por haber dirigido el operativo de Ayotzinapa, Guerrero, en donde fallecieron dos estudiantes, mostró un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que señala que la actual administración no ha comprado ese tipo de armamento.
Aunque se trata de una prueba a medias, pues el propio documento señala que sólo se revisaron los archivo de la 25 zona militar, pero que está pendiente la respuesta de la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, de la misma dependencia.
El documento, a la letra dice: “Después de realizar una minuciosa búsqueda en el archivo de este Cuartel General, no se encontraron antecedentes de que se haya suministrado o vendido a esa secretaría de Seguridad Pública (…) balas de goma y equipo complementario para el uso de dichas balas a partir de 2011 a la fecha”.
Y puntualiza: “Se solicitó Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos la información que requiere, por lo que una vez que dicha dependencia de la respuesta correspondiente se hará de su conocimiento”.
El documento –folio oficio SSP/06/09368/2014– firmado por el comandante de la 25 zona militar, Ezequiel Carlos Hernández Mendoza, está fechado el 18 de julio, es decir el mismo día en que se produjo la muerte encefálica del menor, la primera de las dos muertes que registró.
Los lanzadores de gas desde el 2008
Lo que el comandante de la 25 zona militar sí reconoce tener registro es de la compra en el 2008, es decir a mediados del sexenio de Mario Marín Torres, de 26 rifles lanzadores simples y 26 multilanzadores para gas lacrimógeno, es decir para parte del armamento que se utilizó en la refriega entre pobladores y policías estatales.
De acuerdo con un “Manual para el servicio de policía en la atención, manejo y control de multitudes” adjudicado a la Policía Nacional de Colombia, el fusil lanzagas “es un arma portátil, de un solo disparo, de cañón liso, con capacidad de expulsar un cartucho de agente químico hasta una distancia de 150metros, dependiendo del ángulo o la plataforma de tiro que se utilice”.
Pero además tiene otras funciones, “como las de disparar cartuchos de impacto controlado (multiimpacto) y granadas de gas de mano con un adaptador bocal por medio de cartuchos impulsores”.
En el documento, que puede ser consultado en Internet, también se hace hincapié en que el uso de los fusiles lanzagas nunca se deben dirigir contra los manifestantes, pues “las cápsulas expulsadas por el lanzador (…) caen a una alta velocidad y a altas temperaturas y pueden ocasionar serias lesiones”.
Entre las recomendaciones también se establece que “No lo use cerca de hospitales, ancianatos, escuelas, embajadas, iglesias, ni lugares donde se estén llevando a cabo eventos públicos”.
Mientras que de acuerdo con una relatoría de lo sucedido en el kilómetro 14 de la autopista Atlixco Puebla que fue entregada al periódico Intolerancia por policías que participaron en el desalojo del 9 de julio en el operativo se usaron municiones caducas “a pesar de las advertencias de algunos elementos de seguridad pública. El uso de estas municiones —gases— que no lograron estallar se transformaron en proyectiles contundentes que hirieron a los pobladores. En el operativo la instrucción que recibieron los policías estatales fue actuar de manera enérgica en contra de los manifestantes”.
