El sábado 19 por la mañana, Facundo Rosas Rosas entró a la sala de conferencias de la Secretaría de Seguridad Pública flanqueado por el coordinador de medios locales del gobierno del estado, Fernando Alberto Crisanto. Habían pasado menos de 24 horas de que se decretara la muerte encefálica de Luis Alberto Tehuatlie Tamayo y el responsable del operativo policiaco, en donde resultó herido el menor de 13 años, se presentó para mostrar un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en donde se confirmaba que la actual administración no ha adquirido balas de goma en lo que va del sexenio, y por ende, sostuvo el funcionario, era imposible que se hubieran utilizado en el desalojo en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco.
Pero el gobierno del estado si bien pudo no haber comprado balas de goma para acciones policiales, como dice la Sedena, sí las ha utilizado durante la actual administración. El 23 de agosto de 2011, siete meses después de iniciado el gobierno de Rafael Moreno Valle, su entonces secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas Fosado coordinó un desalojo en La Cienega, una junta auxiliar del municipio de Chignahuapan, en donde resultaron heridos al menos 34 personas, de ellas tres por disparos que “pudieron haber sido producidas por un proyectil de goma o plástico emitido por un arma de propulsión (gas o pólvora)”, según documentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) al emitir la recomendación 60-2011.
En la investigación realizada por la CEDH también se documentó que los pobladores fueron golpeados con culatas de armas de fuego, toletes y bastones PR24, así quedó asentado en la recomendación: “la lesión producida fue por contusión directa de un objeto duro, rígido, de bordes romos, de regular peso, capaz de vulnerar la piel cabelluda, que puede corresponder a la culata de un arma de fuego, o a un tolete impulsado con fuerza sobre la cabeza del quejoso”.
En aquella ocasión, el entonces secretario de salud declaró: “En Puebla no se permiten este tipo de acciones (el cierre de carreteras), nada ni nadie puede estar por encima de la ley. Estas acciones cada que haya necesidad con apego a la ley se vendrán efectuando para restablecer el estado de derecho”.
Hasta casas quemaron
De acuerdo con medios locales “el caso más grave fue el de Artemia León Moreno, de 70 años de edad, quien recibió el impacto de un proyectil en la arteria glútea que puso en riesgo su vida, según se asentó en los dictámenes médicos realizados por el Ministerio Público adscrito al juzgado de lo civil y lo penal de Chignahuapan”.
La consideraciones sobre el tipo de armas utilizadas y las lesiones fueron señaladas en la investigación que siguió la dependencia luego de que mas de 200 agentes de la Policía Estatal se presentara en la comunidad de la Cienaguilla para el violento desalojo en el que incluso se acusó que las fuerzas del orden quemaron algunas casas de los pobladores.
El documento continúa: “Al efecto, de las evidencias descritas se han comprobado las lesiones que presentaron todos y cada uno de los agraviados, lo que atenta contra sus derechos humanos, a la integridad y seguridad personal y trato digno”.
Por ello emitió la recomendación 60-2011 en los que se planteó a la Secretaría de Seguridad Pública se tomen las medidas necesarias para reparar el daño ocasionado a 31 personas lesionadas “mediante la atención médica y victimológica que requieran, por las lesiones que se les ocasionaron derivadas de los hechos que se conocieron en la presente, tendientes a reducir los padecimientos físicos, psíquicos y médicos, a través de una institución médica o de salud pública, por el tiempo que resulte necesario, incluidas la provisión de medicamentos”.
También se planteó: Emita una circular a los elementos adscritos a esa Secretaría, en la que específicamente los instruya, para que su actuar siempre sea en estricto cumplimiento a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los tratados internacionales firmados y ratificados por el estado mexicano, así como las leyes que se derivan de la propia Constitución, respetando la integridad física y los derechos humanos de los gobernados, absteniéndose de excederse en el uso de la fuerza pública”.
Y a la Procuraduría se le pide que “se continúe con la investigación de los hechos denunciados en la averiguación previa, por los delitos de daño en propiedad ajena, lesiones y robo, presentada por ocho personas en la que se identifique a todos y cada uno de los responsables de los ilícitos cometidos en su agravio, realizando las diligencias necesarias para tener por acreditada la participación de los sujetos que intervinieron en la comisión de los delitos citados y los que resulten”.
Recomendación que según se observa en la página de internet de la comisión fue aceptada y atendida lo mismo por la Secretaría de Seguridad del estado, pero no impidió que se volviera a registrar un desalojo violento que dejó como saldo un menor muerto y al menos cinco personas lesionadas de gravedad por los proyectiles lanzados por la policía estatal. El gobierno del estado ha insistido en que también se registraron más 40 policías lastimados.
Tras el violento desalojo en Chignahuapan se detuvo a 31 campesino integrantes de la Unión de Trabajadores Agrícolas (UNTA) acusados por el presunto despojo de un terreno de 400 hectáreas.
De acuerdo con el portal Lado B fue casi tres meses después que “las mujeres y hombres, ancianos en su mayoría, salieron libres tras pagar una multa de 12 mil pesos por los daños ocasionados a algunas patrullas de la Policía Estatal el día que fueron desalojados del predio “Ciénega Larga””.
