José Luis Gongora Calvario, dirigente de la Asociación de Verificadores Automotrices de Puebla denunció que entre las empresas que resultaron ganadoras de la nueva concesión hay dos que están clausuradas en el DF, además adelanto que promoverán 40 amparos en contra de la decisión gubernamental que los dejó fuera del negocio.
Las declaraciones del dirigente empresarial se producen luego de que el gobierno del estado diera a conocer el listado de las 17 empresas que resultaron ganadoras del proceso de licitación que se lanzó luego de que fueron clausurados los 85 verificentros que funcionaban hasta abril pasado.
De esas 17, al menos las empresasControl Ambiental del Valle de México S.A de CV y Centro de Verificación Tamaulipas SA de CV fueron clausuradas el pasado 11 de julio por presuntos actos de corrupción, según se informó en una nota publicada en el diario Reforma.
De acuerdo con lo publicado la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal ordenó el cierre del verificentro que operaba Centro de Verificación Tamaulipas por no cumplir con la Norma Oficial Mexicana de procedimiento para la verificación de las emisiones contaminantes de vehículos automotores.
La agencia Notimex informó también que se lo inspectores a cargo del proceso “encontraron alteraciones en sus líneas de verificación, que al estar abiertas y al realizar la auditoría de calibración con gas patrón se detectó el bloqueo de los equipos, demostrando así que no cumplían con las disposiciones que regulan la operación de los verificentros”.
Al respecto, Gongora Calvario planteó: “no es posible que a una empresa que está clausurada por actos de corrupción en el Distrito Federal y en Puebla se le dé la oportunidad de seguir o de poder participar en el programa de verificación, pues no se puede”.
De acuerdo con información que el gobierno del estado envío a través de un boletín, fueron 92 las empresas que participaron en las licitaciones, y que las que resultaron ganadoras “representan empresas sólidas con experiencia en la actividad en por lo menos dos estados del país”.
En el boletín también se afirma que “cada uno de los 17 verificentros tendrá entre dos y hasta cuatro líneas dinámicas y un dual”.
Y que con las nuevas concesiones “se da cumplimiento con los acuerdos celebrados en el seno de la Comisión Ambiental de la Megalopolis (CAMe), en la que participan también los gobiernos de Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y el Distrito Federal”.
Una preverificación
De acuerdo con Góngora, los propietarios de los verificentros que fueron excluidos de las nuevas concesiones acordaron ofrecer un servicio de “preverificación ciudadana voluntaria”, una suerte de análisis de las unidades automotoras previo a la verificación oficial para tener claridad y certeza de que se puede librar la misma o cuáles son los puntos a mejorar para no enfrentar problemas en la certificación oficial, y que dicho servicio lo cobraran entre 40 y 50 pesos.
Lo anterior, explicó, como un mecanismo para no perder las fuentes de empleo que ya habían generado.
