Los diputados del PAN minimizaron el hecho de que el Juzgado Cuarto de Distrito ordenara la suspensión provisional de la llamada Ley Bala, pues mientras que el dirigente de la bancada azul presumió que recibieron el aval de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la mencionada normatividad, el diputado Franco Rodríguez sostuvo que “no tiene razón de ser”, y que de momento es provisional.
Por su parte el diputado de Movimiento Ciudadano, Julián Peña Hidalgo informó que finalmente ya no promovió el amparo que había anunciado en contra de dicha normativa, argumentado que se le complicaba al ser el parte del organismo que aprobó la iniciativa, pero que apoya los nuevos amparos que ya se ingresaron en juzgados federales.
Estamos abiertos a escuchar
Entrevistado, el presidente de la comisión de Seguridad Pública en el Congreso, Franco Rodríguez aseguró que en el legislativo ha estado abierto, para la discusión de la ley que se aprobó con el nombre de “Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla”.
Aunque en este momento, que quién tiene en sus manos mejorar el marco normativo es el Gobierno del estado a través de la redacción del reglamento a la ley, “lo que tenemos que hacer sobre todo en la reglamentación y en los protocolos es que haya participación de los organismos de derechos humanos para garantizar que lo que está en el espíritu de la ley, que es el evitar el uso excesivo de la fuerza”.
Y rechazó que la ley se haya aplicado en Tehuacán, como lo dijo el miércoles pasado el secretario de Seguridad Pública en el estado, Facundo Rosas Rosas, “no se aplicó la ley, propiamente, se aplicaron los protocolos que establece la racionalidad y la gradualidad del uso de la fuerza. Después de seis horas de tratar de dialogar pues se van agotando ciertas instancias y lamentablemente hubo que retirar algunas personas que estaban bloqueando el derecho de paso de terceros”.
El panista informó que las autoridades estatales tienen 180 días para redactar y publicar el reglamento y los protocolos, como quedó establecido en los artículos transitorios de la ley, pues “como dice el dicho, el diablo está en los detalles. Ley sin reglamento ni presupuesto es letra muerta”.
