El drástico y consistente aumento en el número de casos, de tres años a la fecha, contrasta con la eficiencia con la que trabaja la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto que encabeza Fernando Rosales Solís.
Así es, Puebla cuenta con la mejor unidad antisecuestros del país, primer lugar en eficiencia en rescate de víctimas y detención de secuestradores.
Resulta por lo menos sospechoso que lo anterior no haya servido para inhibir la comisión del delito, al contrario, éste se ha potencializado.
Y es que, a simple vista pareciera ilógico que bandas dedicadas al secuestro provenientes de estados como Veracruz, Guerrero D.F. o el estado de México elijan a Puebla como centro de operaciones si las posibilidades de ser capturados aumentan de manera importante a comparación de otras entidades con mucho menor eficiencia en el combate a este delito.
Resalta también el hecho de que la mayoría de las bandas que secuestran en el estado pertenezcan a células de grupos pertenecientes a cárteles de la droga o delincuencia organizada o estén integradas por policías o ex policías provenientes de otros estados.
¿Y entonces?
La única explicación sería que en Puebla se negocian las condiciones para facilitar la comisión de secuestros a cambio de dinero.
¿Quién o quiénes llevan los hilos de la negociación?
Imposible concluirlo con exactitud.
Lo cierto es que para cometer un secuestro con las características de los que hemos visto florecer en el último trienio, se necesita desarrollar una muy complicada logística, además de una infraestructura material y humana, que difícilmente pueden pasar inadvertidas para las fuerzas del orden.
Casas de seguridad, equipos de comunicación, armamento, una buena cantidad de elementos que se encargan de operar las distintas fases del secuestro y demás, sin que semejante parafernalia sea detectada siquiera por algún ciudadano curioso que pudiera denunciar.
Extraño, ¿no cree?
Lo cierto es que en el estado, los secuestros crecen sin control.
El dedo en la llaga lo puso el mismísimo Monte Alejandro Rubido, Comisionado Nacional de Seguridad, quien durante la Décimo Primera Sesión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública celebrada en Puebla, desnudó la realidad de este delito en los dominios del anfitrión.
El funcionario federal dio a conocer que apenas en el primer cuatrimestre del 2014 se habían ya cometido el 60% del total de casos registrados en todo 2013.
El aumento es exponencial.
Estos números ponen a Puebla por encima de estados como Tabasco, Guerrero, Nuevo León y el Distrito Federal en comisión de secuestros.
Un auténtico foco rojo para el gobierno estatal.
Y es que en corto, el propio procurador Víctor Carrancá reconoce que el delito está fuera de control y que si bien las autoridades estatales son ejemplo de eficiencia en materia correctiva, no han podido encontrar una fórmula efectiva para prevenir el secuestro.
Algo tendrá que hacer el jefe del ejecutivo estatal.
El secuestro es el delito que más daña el tejido social y el que más puede incidir en los niveles de popularidad de un gobernante.
“El proyecto” y su importancia, ameritan acciones inmediatas.
Por el bien de todos.
