A este espacio llegaron sendas cartas aclaratorias, firmadas por el propio Corta Fernández, en donde de manera obsesiva se reiteraba que White & Case no tenía relación alguna con Oceanografía y que mucho menos era corresponsable de las actividades ilegales de la empresa.
Hoy, nuevamente salen a la luz pruebas irrefutables que demuestran no solo la cercana relación entre ambas firmas, sino la complicidad de White & Case en el fraude cometido por Oceanografía a Citigroup-Banamex.
El diario Reforma y el periodista Raymundo Riva Palacio, en su columna “Estrictamente Personal” que publica Eje Central, dan cuenta precisa de lo anterior.
Riva Palacio escribe:
“Amado Yáñez Osuna, principal accionista de Oceanografía, cantó en la PGR y se lavó las manos del fraude a Banamex por casi cinco mil millones de pesos. Soy inocente, le dijo a la PGR, pues por atender problemas personales y a sus equipos de futbol en Querétaro y Campeche, desatendió la empresa que fundó su padre. Pero sí hubo responsables del desfalco, aclaró: Martín Díaz Álvarez, sobrino del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz; la contralora de la empresa, Zaidel Terán; y los abogados del despacho que llevaba los asuntos jurídicos, White & Case, Vicente Corta, ex presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y Raúl Fernández Briseño, socio del bufete. Ellos, no Yáñez Osuna, que enfrenta el proceso en su contra bajo fianza, son quienes a su juicio, deben ir a la cárcel”.
Y agrega:
“Martín Díaz, explicó, siempre le mostró los respaldos para los créditos –facturas falsificadas de Pemex- “como legítimas, pues pasaban los filtros establecidos del contralor y del despacho jurídico corporativo. En todo momento consideré que las operaciones que se realizaban eran las correctas. Yo no intervenía en las negociaciones de los financiamientos ante los bancos. Todo lo hacía directamente Martín Díaz, por lo que toda la estrategia financiera y de financiamiento era decidida por él, después de ser revisado por los abogados y Zaidel””.
Como puede ver, de acuerdo con el testimonio rendido por Amado Yañez ante la PGR, el despacho White & Case avaló la presentación de documentos falsos que fueron utilizados para la obtención de créditos bancarios por más de 5 mil millones de pesos.
El tema tendría que ser motivo de preocupación para el gobierno del estado de Puebla.
Como le he comentado en anteriores entregas, White & Case es uno de los despachos legales consentidos del Secretario de Finanzas, Roberto Moya Clemente, y se la han otorgado millonarios contratos para la realización del entramado legal que sustenta concesiones como la del SOAPAP, las plantas de tratamiento de aguas residuales de la zona conurbada de la capital, el Metrobús, la Estrella de Puebla, entre otros; además de los contratos de las obras realizadas bajo el esquema de PPS (Proyectos de Prestación de Servicios) que en total suman más de 6 mil millones de pesos.
No hay que olvidar que firmas como White & Case se “venden” muy caro sus servicios porque sus clientes pagan, además de la experiencia y la capacidad, la supuesta calidad moral, la ética y el estricto apego a la legalidad que ofrecen en su engañosa publicidad.
A la carta
