Con una velocidad inusual, solo vista en aquella ocasión en la que se aprobó la llamada Ley Mondragón, el Congreso del estado recibió, dictaminó y aprobó en cosa de tres horas la reforma a la Ley de Transporte, que permitirá al gobierno del estado el retiro de la concesión de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).
Pasadas las 12 del día se presentó en el pleno la iniciativa del grupo parlamentario del PAN, de inmediato se mandó a comisiones unidas de Hacienda y Transporte, para su dictamen, las comisiones iniciaron su sesión 20 minutos después, y pasadas las 3 de la tarde regresaría al pleno para que, tras un debate de casi una hora, se aprobara la iniciativa con el rechazo de la bancada priísta, el “no voto” de bancada del partido Convergencia y la abstención de la verdeecologista Geraldine González, y la morenovallista Patricia Leal Islas.
28 votos bastaron para validar la propuesta, a pesar de la insistencia del diputado priísta Pablo Fernández del Campo y de la verdeecologista, de que les estaban pidiendo aprobar una reforma para retirar la concesión y otorgarle al organismo de Carreteras de Cuota la potestad para ofrecer el servicio o volver a concesionarlo, sin mostrar jamás información que les permita conocer el nivel del fracaso del proyecto estatal, ni la situación económica de la empresa concesionadora, ni siquiera si se trata de un rescate que se pagará con recursos públicos o no.
Tampoco fue escuchado el reclamo del diputado convergente Julián Peña Hidalgo, quien recordó señalando el artículo 167 de la ley orgánica, que la forma en que se estaba aprobando la reforma resulta violatorio al procedimiento legislativo, pues no se cumplió con el plazo mínimo de 24 horas que tienen los diputados para estudiar las propuestas legislativas.
–Que no nos pase lo que ya nos pasó por legislar al vapor, y voy a poner dos ejemplos: la ley de educación, en donde se olvidó poner la evaluación, después la ley que legitima el uso de la fuerza pública por cuerpos policiacos, en donde se dictamina y se vota una cosa y se publica otra, y ahí me parece que hay violación al proceso legislativo. El día de hoy pudiera acontecer una situación similar, el artículo 167 de la Ley Orgánica señala lo siguiente: “el presidente de la mesa directiva abrirá el asunto a discusión con la verificación de que el dictamen a discutirse fue hecho del conocimiento de los integrantes de la legislatura con 24 horas de anticipación en la instalación de la sesión. En el caso de que el dictamen no haya sido del conocimiento de los diputados con la antelación señalada, no podrá discutirse. En esa sesión”. Y solo quiero dejar constancia de que la iniciativa nos fue enviada ayer a las 19:30 horas, y tengo copia del correo que se nos envió, por lo que solicitó a la presidenta retire el punto de la sesión.
“Si no votamos, nos reclaman que no respetamos los acuerdos”
En su participación, Fernández del Campo planteó que las dos horas que duró el análisis de la propuesta en las comisiones unidas se dedicó principalmente a la lectura del dictamen, y no hubo tiempo para poder hacer preguntas para ahondar en los alcances, “lo que nos lleva a lo que tantas veces se nos critica: legislar al vapor”.
El priísta también cuestionó la prisa por aprobar la reforma, moviendo incluso la sesión del pleno que estaba inicialmente programada para este miércoles.
–Me encantaría que se pudiera responder de manera puntual lo que en un oficio solicitamos y que la única respuesta fue, “pues se los damos después, ah, pero la votación queremos que sea ahorita, y si votan en contra entonces no están cumpliendo los acuerdos”, yo creo que esa no es la actitud que esperan de nosotros los ciudadanos. Lo que queremos es que pudieran venir los funcionarios del ramo y abiertamente pudiéramos escuchar sus respuesta a preguntas muy válidas: es un rescate o no es un rescate, porque un organismo que de origen tiene que ver con carreteras de cuotas, mismas que ya fueron vendidas, tiene que administrar y no la propia secretaría del ramo, que tiene facultades para llevar a cabo la operación de RUTA.
Por su parte, los panistas, tanto Pablo Rodríguez Regordosa como Pablo Montiel, insistieron en que la reforma a la ley no tiene que ver con el retiro de la concesión de RUTA, sino con otorgar al poder Ejecutivo la facultad para “mejorar el servicio” de manera general, pues según puntualizó en su intervención el panista Jorge Aguilar Chedraui, la situación que vive el transporte público “no es un problema de hoy ni de ayer, ni tampoco del inicio del administración, se ha acumulado desde décadas”.
En su participación en tribuna, el panista reconoció que se trata de una iniciativa que se trabajó con el Ejecutivo, y explicó que la propuesta se centra en darle más facultades y herramientas a las Secretaría para hacer mejor su trabajo, e intervenir de una manera más profunda para la solución de problemas operativos. Incorporar al sector de transportes el sistema operador de Carreteras de Cuota. Y generar las condiciones legales para que la Secretaría de Transporte y el Ejecutivo estatal, pueda apoyar la operación de los sistemas concesionados, sin perder con ello la facultad expresa, legal y existente, con o sin la nueva ley, para retirar la concesión.
Y apuntó: “Es una lástima que se quiera confundir a la gente con tecnicismo o artilugios legales, o se espera estar ante las cámaras para hacer pronunciamientos adornados, estuvimos horas ahí dentro, discutiendo articulo por artículo, y yo no escuché ningún argumento legal”.
Y tras un segundo receso, pedido por el grupo parlamentario tricolor, el pleno aprobó por mayoría la propuestas albiceleste.
