Mayte Azuela de la organización Dejemos de Hacernos Pendejos, quién también participa en la 2ª Cumbre Ciudadana, se sumó a las peticiones que han lanzado defensores de los derechos humanos y periodistas para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promueva acciones de inconstitucionalidad en contra de las leyes que criminalizan la protesta, y que se han aprobado recientemente en Puebla, Chiapas, Quintana Roo y el DF.
En ese sentido, dijo, la ley que propuso el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y que se publicó rasurada luego del ruido mediático que provocó y que le dejó como mote el nombre de Ley Bala, son disposiciones que aún inhibe la protesta, pues mantiene artículos que abren la posibilidad al uso de las armas de fuego.
“Desde el inició del sexenio se veían ya algunas intensión de controlar la libre expresión, y me parece que de las pocas posibilidades de la ciudadanía de expresar su descontento sobre alguna política pública, abuso de autoridad o incluso sobre alguna situación comunitaria que no está funcionando, es salir a las calles y manifestarse”
Se trata de disposiciones que violan los derechos humanos, pues “limitan drásticamente la libertad de expresión, y se están replicando en los estados, Puebla y Chiapas fueron como las primeras, pero en el Distrito Federal ya se está pensando también en una normativa similar”.
Azuela también señaló que desde su óptica existe una estrategia nacional para contener las protesta social, pues planteó que si se logra imponerla en los estado ya no es necesario aplicar una estrategia similar a nivel nacional, pues el primer espacio de protesta es el local.
En ese sentido, algunas disposiciones de la reforma a la ley de telecomunicaciones, que aún no se aprueba, como la censura a las redes sociales apuntan en esa dirección.
Por ello planteó como necesario que espacios ciudadanos como la cumbre, pero no solo ahí los ciudadanos se organicen para detener leyes de este tipo y se echen para atrás las ya aprobadas.
