Todo en secreto, incluyendo montos.
El despacho de abogados asumió el control jurídico del organismo a partir del 15 de noviembre del 2011 para conducir desde esa fecha la privatización del Soapap y su venta en mil 400 millones de pesos, cantidad nueve veces menor a sus activos totales.
El queretano Urquiza y Corta determinaron que, al margen de los 11 millones de pesos, más IVA, del Soapap tenía que salir dinero para pagar a su equipo viáticos, gastos de traslado, llamadas telefónicas, servicio de mensajería, transporte, hospedaje, alimentación y hasta las fotocopias que requiriera.
A reserva de conocer si existen todos los productos legales que promete en los contratos (Valentín Varillas mostró la semana pasada que el título de concesión sí se realizó) White & Case apenas se apersonó del Soapap el 15 de noviembre del 2011 y por su asesoría inicial cobró un millón 750 pesos más IVA, cantidad total que se le cubrió el 15 de diciembre de ese año.
Y a partir de enero hasta diciembre del 2012 se determinó el pago del Soapap de una iguala mensual por 250 mil pesos más IVA.
Pues con la novedad que el único que realizaría White & Case con el Soapap sería un análisis jurídico de la prestación de servicios de saneamiento en el municipio de Puebla.
En ninguna parte de este contrato se refiere al rescate de las plantas de tratamiento de aguas residuales que le quitó Rafael Moreno Valle a Degremont. Ese fue otro arreglo.
Mucho dinero por poca cosa.
Pero ese mismo 15 de noviembre del 2011 se formalizó, entre Urquiza y Corta, ooootro contrato leonino para el Soapap.
De acuerdo con el documento, se determinaron varios productos legales con una millonaria contraprestación para los abogados.
Se acordó un análisis y estudio del marco legal relativo a la prestación del servicio de agua para la concesión del organismo a particulares.
En una primera etapa se pagaron 2 millones 750 mil pesos, más IVA, por un análisis del marco legal, la revisión de la Ley de Aguas, elaborar un decreto con reforma legislativa (sí, lo que aprobaron los borregos diputados morenovallistas) y la normatividad secundaria.
La segunda etapa implicó el pago de 3 millones 500 mil pesos, más IVA, para la elaboración de las bases de licitación, título de concesión, asesoría jurídica para la asignación, pre-bases, juntas de aclaraciones y formalización del contrato.
Fuentes del Soapap refieren que todo el trabajo legal fue realizado por el jurídico del Soapap y White & Case prestó su firma.
De hecho, comentaron que este fin de semana estuvieron creando los testigos de todo el tramado legal, porque no se tenían de parte de White & Case.
Y es que existe una cláusula en la que el Soapap establece que será la propietaria de toda la información y White aparecerá exclusivamente como asesora del organismo.
Contrato 1
Contrato 2
