El diputado del Partido Nueva Alianza, Enrique Nácer propuso que se castigue a los hackers que de manera ilegal accedan o alteren información del gobierno. Las penalidades van hasta los cinco años de cárcel
El legislador expuso en este sentido que Puebla debe ser pionera en este tema pues se deben frenar los delitos cibernéticos que ponen en riesgo el trabajo que llevan a cabo las autoridades.
De esta forma la iniciativa que se presentó al pleno y que se turnó a comisiones considera sanciones económicas y penales de hasta cinco años de cárcel. Asimismo incrementa las sanciones en el caso de que se detecte a funcionarios coludidos en fuga de información contenido en sistemas de informática.
“A quien indebidamente modifique, destruya o provoque pérdida de información se le impondrán de dos a cuatro años de prisión y de 300 a 900 días de multa; a quien estando autorizado para acceder a sistemas y equipo de informática del Estado indebidamente copien información que contengan se le impondrán de uno a dos años de prisión y de 150 a 400 días de multa”, dijo.
Indicó que las penalidades más graves se consideran en las fugas y robo de información de las instancias de seguridad de Puebla, “a quien estando autorizado para acceder a sistemas o equipo de almacenamiento o informáticos en materia de seguridad pública, indebidamente copie o utilice información que contenga se le impondrá pena de dos a cinco años de prisión y multa de 500 a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal”.
Asimismo en el caso de que el responsable hubiera sido servidor público en una instancia de seguridad pública se impondrá además hasta una mitad más de la pena impuesta, destitución e inhabilitación.
De igual forma se considera una actividad fraudulenta “al que dolosamente y con propósito de procurarse un lucro ilícito para sí o para un tercero, dañe o perjudique el patrimonio de otro, mediante el uso indebido de mecanismos cibernéticos que provoque o mantenga un error, sea manipulando datos de entrada a un equipo de informática con el fin de producir movimientos falsos en transacciones de una persona física moral”.