Luego de que tres juzgados de Distrito admitieron amparos contra la privatización del agua, el gobernador reculó y ordenó derogar el artículo 118 bis de la Ley de Agua para el Estado de Puebla con lo que, aunque se mantiene la concesión del servicio, el control de las tarifas del vital líquido regresa al Poder Legislativo.
En paralelo el mandatario estatal sostuvo que no se privatizará el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) y argumentó que aunque haya participación del sector privado en su operación, “es y seguirá siendo un organismo del gobierno estatal al servicio de los poblanos”.
Por separado y en compañía de los coordinadores parlamentarios de los siete partidos políticos con registro en el Congreso del Estado, el secretario General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, acusó que organizaciones civiles que responden a intereses políticos propios difunden una errónea percepción sobre el futuro del Soapap.
“Ha habido falsas interpretaciones que han sido promovidas por grupos con intereses políticos propios que han generado la falsa percepción de que se ha puesto a la venta el agua (…) las tarifas serán definidas por el Congreso y solo tendrán un aumento inflacionario”.
En ese marco aclaró que los amparos nada tuvieron que ver con la rectificación sino que fue producto de una “reflexión y preocupación” de los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado.
“La licitación no está suspendida, los amparos no la suspenden, lo que eventualmente queda en suspenso la emisión de un dictamen final pero eso previsto hasta finales del año. Vamos a dejar que corra por la vía legal pero lo importante es comunicar que el espíritu de la ley nunca fue conculcar la aplicación de las tarifas a favor de un particular, y mucho menos la desaparición como organismo público descentralizado del Soapap”.
El anuncio se realizó en Casa Aguayo con la presencia de los coordinadores parlamentarios del PAN, Mario Riestra; del PRI, Ernesto Leyva Córdova; del PT, Félix Santos Bacilio; del PRD, Erick Cotoñeto Carmona; de Movimiento Ciudadano, Jorge Luis Blancarte Morales; de Nueva Alianza, Guillermo Aréchiga Santamaría y Elías Abaid Kuri, del Partido Verde Ecologista de México.
Es pertinente señalar que la propuesta original que el gobernador presentó al Poder Legislativo sí dejaba en poder del concesionario la aplicación de tarifas.
Artículo 118 Bis.- Los Prestadores de Servicios que tengan a su cargo, en dos o más municipios, la prestación parcial o integral de Servicios Públicos en virtud de convenios de coordinación a que se refiere las fracciones IV y V del artículo 23, tendrán la facultad de determinar y actualizar la Estructura Tarifaria para el cobro de derechos, productos y contribuciones de mejoras previstas en esta Ley, u otros conceptos de ingresos por la prestación de los Servicios Públicos, sin requerir la aprobación del Congreso del Estado.
Defensa perredista
La diputada federal perredista, Roxana Luna, adelantó que esta misma semana podría presentar punto de acuerdo en el Congreso de la Unión para solicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que interponga jucio de inconstitucionalidad contra el Gobierno del Estado de Puebla por privatizar el servicio de agua potable, propuesta que hasta ahora cuenta con el apoyo de las fracciones parlamentarias del Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano.
La diputada poblana explicó que hay otras dos firguras con personalidad jurídica para iniciar el proceso jurídico, que son los presidentes municipales y los diputados locales, pero como ambos están al servicio del gobernador en turno, solo queda el organismo que vela por las garantías constitucionales de la población.
Ridículo legislativo
Por la tarde en sesión pública en la que estuvieron presentes integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado presentó la modificación para derogar el artículo 118 bis que daba facultades al concesionario del servicio de agua potable para regular las tarifas y convertir los pasivos en créditos fiscales.
La misma fue turnada a la Comisión de Ecología y se espera que este día sea aprobada en el pleno. El presidente de dicha comisión, Elías Abaid, argumentó que los legisladores no se están retractando de lo que aprobaron hace 55 días y que toda ley es perfectible por lo que ante la mala percepción que “erróneamente” se había generado entre la población se decidió hacer el cambio.
“Como toda ley es perfectible, como todo en su momento se puede revisar, estamos revisando con base en la confusión que se generó. No estamos reculando, hubo muchos intereses s detrás de las confusiones y versiones periodísticas; algunos actores han declarado en contra y hay una confusión en la que se ha mal informado a los ciudadanos”, sostuvo.
Insistió en que no existía el riesgo de que la medida se echara abajo en los tribunales “no existe riesgo pero se decidió aclarar, todo se queda igual para que se pueda concesionar el servicios, en ningún momento se está privatizando. Es un tema para revisar el que nos e dé la confusión entre los ciudadanos”.
(Con información de Erick Almanza)
