Y es que, el tratar de vender un estado de excepción en materia de seguridad pública mintiendo a la ciudadanía, negándole así el legítimo derecho de conocer la realidad en la materia, ha sido la política a seguir desde tiempos de Mario Marín y Blanca Alcalá.
En lo que ha sido el trienio más oscuro en la historia de la capital, el de la hoy senadora, se dio uno de los hechos más vergonzosos en materia de complicidad oficial y protección de delincuentes.
Y Eduardo Vázquez fue uno de los protagonistas principales de esta historia.
El saldo: 4 policías emboscados muertos.
Tres de la capital y uno de San Andrés.
Lo terrible de este caso es que los arteros asesinatos tenían el apestoso tufo del ajuste de cuentas del crimen organizado y por el sospechoso actuar del Centro de Respuesta Inmediata, dirigido en ese entonces también por Vázquez Rossáinz, resulta evidente que las autoridades sabían del ajuste y “pusieron” a los uniformados a merced de sus verdugos.
Las irregularidades y violaciones de procedimientos básicos fueron escandalosas.
Hasta la fecha, la versión oficial se queda cortísima para explicar exactamente por qué estos policías fueron asesinados y las razones por las que las autoridades jamás intentaron siquiera llegar hasta las últimas consecuencias en las investigaciones.
Todavía Vázquez Rossáinz no ha podido explicar los cuestionamientos hechos en este espacio desde el 29 de octubre de 2009:
¿Por qué personal del CERI afirma que la cámara de seguridad ubicada en el cruce de los bulevares Atlixco y del Niño Poblano fue robada y que funcionó perfectamente hasta el momento del asesinato?
De haber sido robada, esto se hubiera reflejado al instante en el display de pantallas que se encuentra en el panel de control del Centro y se hubiera generado un reporte cuya atención inmediata es obligatoria por procedimiento.
¿Por qué no existe tal reporte si efectivamente el robo tuvo lugar?
Si efectivamente, como todo parece indicar, el artefacto de marras estaba en su sitio la madrugada del pasado martes:
¿Quién dio la orden de que fuera retirada del lugar minutos después de la masacre?
¿Qué imágenes captó y a quién le resultan incómodas?
¿A quiénes se intenta proteger y por qué?
Pero eso no es todo.
Existen también errores graves de procedimiento, cuyo cuestionamiento sin duda se vuelve pertinente a la luz de los hechos.
¿Por qué los elementos que perdieron la vida, no sólo no contaban con chalecos antibalas, tal y como la han referido ya algunas versiones periodísticas, sino que ni siquiera iban armados?
¿Será porque el entonces Secretario de Seguridad Pública en el municipio, Andrés Vicente Ruiz Celio, no fue capaz siquiera de llevar a cabo los procedimientos pertinentes para la renovación del permiso colectivo de portación de armas que hay que hacer ante la Secretaría de la Defensa Nacional?
¿Quién dio la orden de que, precisamente ese día, las 24 patrullas que están equipadas con el Sistema de Reconocimiento de Matrícula, lo apagaran, entre ellas por supuesto la 371?
Se trata de un equipo que le costó al ayuntamiento 23 millones de pesos y que, de haber funcionado, hubiera arrojado información valiosa para la captura de los asesinos.
Son preguntas cuya respuesta, por derecho, los ciudadanos debemos conocer.
Pero sobre todo, las familias enlutadas por estos hechos.
A ver si ahora, como Secretario, vergonzosas historias como ésta no se vuelven cosa de todos los días.
Allá él y los que lo nombren.
Vaya apuesta más riesgosa.
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