A pesar de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no sancionará al gobernador Rafael Moreno Valle más que con la reconstrucción de la Casa del Torno, la cual derribó para iniciar la construcción de un teleférico, si se ordenará que recupere en tiraderos de escombros cada piedra de la construcción histórica, dijo el delegado Francisco Ortiz Pedraza.
El funcionario federal no negó que el destino del mirador sea su cancelación definitiva, al señalar que el malestar social y la politización del tema fueron los parámetros que guiaron la decisión final, por encima de los factores técnicos.
Insistió que fue la politización del tema lo que hizo que se creara una comisión especial para analizar el caso en las oficinas centrales, quitando a la delegación Puebla del INAH, la toma de decisiones respecto del Teleférico.
“Nuestra función no es punitiva, no podemos castigar. Normalmente cuando hay un daño de este tipo lo que se pide es que se restituya el daño. Es diferente cuando se trata de ruinas arqueológicas o de pinturas, ahí si hay un daño penal. Nuestra función es conservar el patrimonio y en estos casos se debe restituir, con eso nos damos por servidos (…)
Ya localizamos los tiraderos, hay que contabilizar piedra por piedra, numerarlas y de ahí diseñar con arquitectos las partes que pueden quedar con la piedra original y cuales se deben sustituir”, dijo.
La resolución del destino del teleférico ya está en el escritorio del titular del INAH, Sergio Raúl Arroyo García, pero esta no se dará a conocer hasta que exista el fallo de los juzgados Segundo y Cuarto de Distrito, sobre el amparo interpuesto por el Comité Defensor del Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental de Puebla, contó.
En tanto esto sucede, personal de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos se encuentra en Puebla revisando el proyecto de reconstrucción de la Casa del Torno, para plantear un presupuesto y ubicar los tiraderos donde se arrumbaron los escombros del edificio que data del siglo XVI.
Cabe señalar que el fallo sobre el amparo se ha aletargado debido a que existe intromisión del gobierno del estado en la decisión final, acusó en entrevistas pasadas Lucio Ramírez, el abogado del Comité Defensor del Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental de Puebla.
