El costo social que implica un desalojo donde viven cientos de personas es lo que frena la restitución de predios invadidos, reconoció el titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), Víctor Carrancá, al ser cuestionado sobre el caso de San Jerónimo Caleras donde la organización “ Coordinación de Organizaciones Urbanas y Campesinas A.C.”, despoja con voracidad a legítimos propietarios.
Tras lo publicado por la columna “Al Portador”, que señala la complacencia de autoridades estatales para evitar devolver 17 hectáreas a Juan Luis Flores Carpenter y Julio Alejandro Flores Pastrana, el funcionario argumentó desconocer el estado del caso particular.
En términos generales explicó que una vez que un Juez determina órdenes de aprehensión y restitución del predio, es la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) la encargada de realizar desalojos.
“Hay casos en que por el número de personas que intervienen, se vuelven más complejos y tiene que haber una estrategia por parte de Seguridad Pública para el desalojo y no poner en riesgo a los invasores y a la población en general”, dijo.
Contrario a Carrancá el encargado de despacho de la SSP, Juan Sánchez Zarza, aceptó que sabía del caso que se le cuestionaba debido a que leyó la columna de Alejandro Mondragón y reiteró que no se prepara ningún operativo para San Jerónimo Caleras.
Enfatizó que si hubiera órdenes de aprehensión vigentes. el procurador ya le hubiera encargado preparar un operativo de desalojo.
“Hasta dan el nombre de alguna de las dirigentes – de la organización- y que hasta hay órdenes de aprehensión y eso me sorprende. Hasta este momento no tengo de manera oficial ningún tipo de requerimiento en ese particular”, dijo.
Investigarán encubrimiento de funcionarios
El titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Fernando Manzanilla, llamó a los afectados a que denuncien y aporten pruebas de los funcionarios estatales que piensan que están encubriendo este y otros casos más de desalojo, como lo expone la columna de esta casa editorial.
También reconoció que tienen reporte de varios casos de invasión de predios en varios puntos del estado, situación que está estudiando la subsecretaria de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno, a cargo de Eukid Castañón.
“Se le encargó que haga una evaluación de la parte política del tema y que de la mano de la Secretaría de Seguridad Pública se plantee el estado de cada uno de estos terrenos”, dijo.
Insistió que está abierto al dialogo con los actores involucrados en el caso, asegurando que caerá todo el peso de la Ley si se descubre una irregularidad en su dependencia en torno al despojo de tierras.
