Al rendir su comparecencia ante la Comisión de Seguridad del cabildo capitalino, el secretario de Seguridad Pública, Amadeo Lara Terrón, aseguró que pese al conflicto limítrofe que se mantiene con San Andrés Cholula, existe coordinación entre ambos municipios para realizar operativos conjuntos para combatir a la delincuencia. Con quien sí mostró discrepancias fue con el gobierno del Estado al señalar que por una deficiencia administrativa de esta autoridad, el municipio tuvo que devolver más de 3 millones de pesos a la federación.
En primera instancia indicó que el municipio de Puebla coordina esfuerzos para evitar que crezca la delincuencia por lo que incluso en la zona en disputa con San Andrés Cholula, hay un trabajo conjunto en esta materia, independientemente de los procesos legales que enfrentan a ambas administraciones.
“Hacemos operativos filtro en las vialidades Atlixcáyotl y Niño Poblano así como operativos anti alcohol y el patrullamiento en distintas colonias; en todos estos operativos se ha intervenido de manera directa y en coordinación con la policía de san Andrés Cholula”, sostuvo.
Añadió que además de ello se han instalado cámaras de videovigilancia de conformidad con convenios de colaboración en 10 puntos en que convergen ambos municipios; los cinco principales son la vía Atlixcáyotl, Bulevar del Niño Poblano, cúmulo de Virgo, Calle Orión y en las inmediaciones del Tecnológico de Monterrey campus Puebla.
Asimismo se realiza la revisión conjunta de vehículos con placas lectoras en estacionamientos de centros comerciales que involucra esta zona, adicionalmente de los programas de prevención que se han realizado particularmente con el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Iberoamericana, incluso con la universidad Anáhuac aunque ya pertenece a San Andrés.
“También existe coordinación con las agencias del ministerio público para que en aquellas radicadas en san Andrés se reciban detenidos asegurados por la policía municipal de Puebla”, dijo.
No obstante, el funcionario municipal evidenció que en donde aún hay diferencias es en la relación con el gobierno estatal, al que de manera sutil responsabilizó por el regreso a la federación de recursos por más de 3 millones de pesos debido a que no se adquirieron balas porque la licencia oficial colectiva estatal – donde la corporación municipal se encuentra inscrita- estaba en proceso de regularización y venció el tiempo para la compra del material correspondiente.
