Por orden de la dirigencia nacional, la bancada local priista pidió desde la tribuna legislativa al Instituto Electoral del Estado (IEE) dejar su tibieza y actuar contra los actos adelantados de campaña, que en su opinión protagonizan funcionarios estatales.
La diputada Elvia Suárez Ramírez fue la encargada de lanzar el dardo. “Ante la complacencia de las autoridades electorales, hoy en día es común observar la promoción desmedida de algunos actores públicos y ciudadanos, en su papel de aspirantes a una precandidatura, se publicitan para posicionarse de cara a la sociedad.
Lo cierto es que la voluntad ciudadana no se gana con cuantiosas inversiones en espectaculares o propaganda en paraderos y unidades de transporte sino en base al trabajo y a los resultados alcanzados”, refirió.
Recordó que el artículo 200 bis del Código Electoral señala que ningún ciudadano puede realizar actividades propagandísticas y publicitarias, con el objeto de promover su imagen personal, de manera pública y con el inequívoco propósito de establecer su postulación a un cargo de elección popular.
Por eso también convocó a los servidores públicos y a la sociedad en general a ser corresponsables y “privilegiar el irrestricto cumplimiento a nuestro marco normativo, respetar los tiempos electorales, ser capaces de fomentar un proceso electoral limpio, transparente y democrático pero sobre todo, bajo condiciones de equidad”.
La postura priista, pactada en la Junta de Gobierno según la revelación de Edgar Salomón, provocó la reacción “no acordada” de la oposión pues diputados del PAN, Nueva Alianza, PRD y Partido del Trabajo se aliaron y emitirieron un punto de acuerdo para acusar que la Cruzada Nacional Contra el Hambre se creó para posicionar al PRI en los 14 estados donde se celebrarán elecciones este año, y Puebla esta incluida en la estrategia.
El atrevimiento provocó la reacción del PRI que abandonó la sesión y acusó la violación de los pactos legislativos, y el contraataque se centró en solicitar la remoción del perredista Antonio Gali López como presidente de la Mesa Directiva, debido a su incompetencia y porque es hijo del secretario de infraestructura y aspirante a la alcaldía de Puebla, Antonio Gali Fayad, lo que lo convierte en juez y parte.
El enfrentamiento subió de tono cuando el aliancista Erique Nácer demandó el despido inmediato del director de Apoyo Parlamentario, Jesús Becerra, por desempeñarse solo “como operador político del PRI” y acusó al ex presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Edgar Salomón, de desvío de recursos.
Para evitar una confrontación mayor los coordinadores parlamentarios de Acción Nacional, Nueva Alianza, Partido del Trabajo y PRD ofrecieron una postura conjunta y coincidieron en señalar “que en una democracia, como la poblana, no debemos espantarnos porque existan diferencias de opinión, debate, diálogo intenso y apasionado, siempre dentro de la normalidad del respeto”.
