Hillary Clinton ha dejado una importante huella en la diplomacia estadounidense, pero también ha heredado grandes desafíos a su sucesor. En las entrevistas ofrecidas a distintos medios de comunicación antes de su salida, Clinton destacó que los ataques al Consulado de Estados Unidos en Bengasi el pasado 12 de septiembre fueron los eventos más críticos de su administración. Asimismo, que la no resolución del conflicto actual entre israelíes y palestinos es una asignatura pendiente para el futuro inmediato.
En la relación con México, Clinton aseguró que el país es -después de China- el lugar que más visitó en misiones diplomáticas en los últimos cuatro años. Estados Unidos es el principal socio comercial de México y constituye su tercera fuente de exportaciones, luego de China y Canadá. Durante 2012 la relación comercial entre ambos países alcanzó los 460 mil millones de dólares por año (Bureau of Economic and Business Affairs, 2013).
En razón de ello, si bien en los próximos cuatro años los nuevos cancilleres de México y Estados, José Antonio Meade y John Kerry, seguirán abordando en sus conversaciones el problema del narcotráfico, también habrán de diversificar la agenda para tratar asuntos económicos y políticos de gran interés bilateral. Durante la primera gestión de Obama, su administración reforzó los programas de cooperación en materia de justicia sobre los estrictamente militares. En 2011, la partida destinada al Ejército mexicano para la lucha contra los cárteles se redujo de 529 millones de dólares a 105 millones, mientras que la cantidad destinada a justicia en 2012 se duplicó para pasar de los 195 millones de dólares a 201 mil 800 millones. No obstante, hoy en día existe la realidad más ineludible es la residencia de 11 millones 700 mil mexicanos (US Census Bureau, 2012) en territorio estadounidense, con 35 millones de ascendencia mexicana y seis millones que viven de manera ilegal (Pew Center, 2013). Por lo que el Pacto para una Reforma Migratoria acordado por un grupo de senadores Republicanos y Demócratas -y la reiterada intención del Presidente Obama de alcanzar una legislación que regularice a más de 11 millones de indocumentados que viven en ese país-, es nuevamente un asunto de enorme interés para el futuro de la relación bilateral.
La propuesta de una reforma legislativa facilitará la legalización de 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Sin embargo, es una vía larga y costosa que implicará, sobre todo, una verdadera revolución del sistema migratorio por las importantes consecuencias demográficas, económicas y políticas que conlleva. La iniciativa ha surgido de ocho senadores -cuatro Demócratas y cuatro Republicanos- con importante peso e influencia entre sus respectivos grupos. Ello hace pensar que después de muchos y fracasados intentos durante varios años esta vez sí se trate de una propuesta con considerables posibilidades de éxito, sobre todo en el Senado. Si este pacto prospera podrán emerger de la semiclandestinidad miles de familias, pero también se creará un mecanismo de control fronterizo y visado más estrictos que buscará evitar otra acumulación masiva de indocumentados en el futuro.
El pacto plantea difíciles trámites legislativos y, sobre todo, arriesgadas decisiones políticas que pueden llevar varios meses en su negociación. Pese a ello, pronostica que la ley pueda votarse en ambas cámaras del Congreso en el verano próximo. El acuerdo es impulsado por los influyentes senadores Demócratas Dick Durbin (Illinois) y Chuck Schumer (New York), así como por el Presidente del Comité de Relaciones Exteriores, el cubano-americano Bob Menéndez (New Jersey), y el Presidente del Comité de Campaña Senatorial Demócrata, Michael Bennet (Colorado). Por el lado Republicano figuran los senadores John McCain (Arizona) y Lindsey Graham (South Carolina), quienes encabezan la facción moderada de su partido en contra del Tea Party, y los jóvenes senadores Jeff Flake (Arizona) y Marco Rubio (Florida). La presencia de este último es la más significativa, porque concilia intereses al interior de su partido y lidera actualmente la ofensiva Republicana para recapturar el voto latino.
Desde la perspectiva de la reforma aquellos que residan ilegalmente en Estados Unidos y quieran regularizar su situación migratoria tendrán que registrarse, demostrar su plazo de estancia en el país y pagar una multa y los impuestos desde su ingreso al país. Posteriormente, deberán someterse a varias entrevistas, demostrar su manejo del idioma inglés y el conocimiento esencial de la historia y el sistema político de ese país. Cumplidos esos trámites, se les colocará en la lista de solicitudes legales de visado, con el objeto de no darles ventaja alguna sobre aquellos que han seguido el camino marcado por la ley. Durante el tiempo que dure ese trámite podrán permanecer en el país, pero no tendrán acceso al seguro de desempleo, la seguridad social y los demás beneficios sociales propios de los ciudadanos legalizados. De llegar a buen término, jurarán fidelidad a la bandera y la Constitución de Estados Unidos. Asimismo, se tienen contempladas tres dinámicas distintas en el proceso. Una rápida para los jóvenes sin papeles que fueron ingresados por sus padres, crecido y estudiado en el país. Una intermedia para los trabajadores del campo, esencialmente de la producción de alimentos. Una lenta para el resto de los inmigrantes.
La legalización plantea además condiciones distintas en el sistema migratorio. Se reforzará la policía fronteriza, a la cual se le facilitará nuevo equipo y tecnología para cumplir más eficazmente con su función. En 2011, sin contar los que consiguieron su objetivo, la policía fronteriza detuvo a 327 mil personas tratando de entrar al país ilegalmente. En la medida que las medidas de seguridad avancen y se reduzca considerablemente la afluencia, se firmarán los permisos de residencia para los indocumentados solicitantes. Al mismo tiempo, se pondrá en marcha un nuevo método de seguimiento de los visados temporales para que las autoridades puedan asegurarse que nadie se quede en el país de forma ilegal. En paralelo, se acelerará la deportación de aquellos que en el proceso de verificación se les encuentren antecedentes penales. Con ello se pretende una completa modernización del sistema migratorio y una especie de reinicio que clarifique la situación real. Pero, sobre todo, que se envíe un mensaje claro a los empleadores y futuros inmigrantes de que no se admitirá en el futuro más ilegalidad.
El magnetismo que la nación estadounidense ejerce en los inmigrantes latinoamericanos, pese a haber descendido en los últimos años por la crisis económica, es todavía muy grande. Existen redes sociales bien organizadas y una gran demanda de mano de obra que comunica a los sitios de origen con los de destino. Ello se combina con la poca creación de empleos en los países desde hace varias décadas. El gobierno de Barack Obama ha reconocido que Estados Unidos es un país de inmigrantes y que no pretende dejar de serlo, pero es necesario ordenar el tráfico futuro y, sobre todo, hacerlo más selectivo. Este asunto es fundamental, toda vez que la reforma tiene por objeto ampliar el número de visados que se otorgarán a investigadores, científicos, emprendedores e innovadores en general y reducir paulatinamente el número de trabajadores manuales y de servicios.
*Especialista en Comunicación Política
ICGDE-BUAP
