A pesar de las cuentas alegres del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida (Censida), la epidemia en México presenta importantes pendientes en todos sus aspectos: prevención, detección y atención. El gobierno entrante enfrenta el reto de reordenar las políticas y echarlas a andar.
Durante los últimos seis años el gobierno federal se comprometió a realizar acciones específicas para frenar la epidemia del VIH en México. Sin embargo, el balance de sexenio indica que esta respuesta se quedó en lo declarativo, sin implementaciones, por lo que el gobierno de Felipe Calderón terminó con pendientes y rezagos en los que no se pasa por alto la responsabilidad del Censida.
Iniciativas mediáticas
En agosto de 2008, México fue sede de la XVII Conferencia Internacional de Sida. Por primera ocasión, un país de América Latina albergó este encuentro mundial para hablar de la epidemia. En este contexto, el gobierno federal hizo declaraciones políticas que, al parecer, iban a mejorar la situación del país en materia de VIH.
Uno de estos anuncios oficiales se dio a principios de 2008, cuando se creó la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos y otros Insumos para la Salud; se dijo entonces que su objetivo sería, entre otras cosas, reducir el costo de los tratamientos antirretrovirales que México adquiere para el tratamiento de quienes viven con el virus.
Aunado a esto, Felipe Calderón dio a conocer, durante la ceremonia inaugural de la Conferencia Internacional, la derogación del requisito de planta, esto es, una serie de restricciones que, al ser eliminadas, permitirían a las empresas farmacéuticas introducir y comercializar, en territorio nacional, medicamentos genéricos contra el VIH a un menor precio.
Sin embargo, estas medidas no dieron los resultados esperados, pues actualmente México es uno de los tres países que más caro compra los antirretrovirales en América Latina; además de que la derogación sólo hizo posible comercializar tres medicamentos genéricos, de los 25 que conforman el cuadro básico de antirretrovirales.
“Una marchanta negocia mejor en un mercado”, fue la opinión de Luis Adrián Quiroz, presidente de la asociación civil Salud, Derechos y Justicia, al referirse a los nulos resultados de la comisión negociadora de precios.
Algo similar dijo sobre el requisito de planta, una derogación que “no impactó, sólo fue mediática”. Ante este panorama, Quiroz Castillo señaló que la estrategia del gobierno federal para la reducción de precios de antirretrovirales no generó beneficios.
Otro compromiso que el gobierno federal adquirió durante el sexenio, nuevamente en el marco de la Conferencia Internacional, fue la firma de la Declaración Ministerial “Prevenir con Educación”, en el que los países de América Latina y el Caribe pactaron implementar estrategias para evitar, desde el sector educativo, infecciones de transmisión sexual en jóvenes y adolescentes. Acerca de este tema, Luis Adrián Quiroz concluyó que “tampoco se ha avanzado como se prometió”, pues, dijo, la Secretaría de Educación Pública no se involucró con el tópico.
Censida: logros cuestionables
En septiembre de 2003, Jorge Saavedra inició su gestión como titular del Censida, la cual concluyó en enero de 2009; entonces quedó al frente del organismo gubernamental José Antonio Izazola, quien podría dejar el cargo este 2012 tras muchas inconformidades por parte de las organizaciones de la sociedad civil, debido a los resultados de su administración.
“¡El acceso universal… un reality show!”, “¡El desabasto está out!”, “¡Veracruz sin leche!”, y “¡No más pruebas obligatorias de VIH para trabajadoras sexuales!”, fueron algunos de los reclamos que se leyeron en mantas y cartulinas durante la inauguración del XII Congreso Nacional de Sida, realizado en Villahermosa, Tabasco, en julio de 2011.
A través de dichas protestas, activistas de la sociedad civil manifestaron su enojo por las deficiencias del gobierno federal en la respuesta al VIH; quejas de las que fueron testigos José Ángel Córdoba Villalobos, entonces secretario de salud; Salomón Chertorivsky, en aquel tiempo titular del Seguro Popular, y José Antonio Izazola, entre otros funcionarios públicos.
Pero aquella no fue la única vez que el Censida enfrentó las críticas de las organizaciones civiles: luego de que Izazola diera a conocer, en septiembre de este año, la suspensión de tratamientos antirretrovirales en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” y en cuatro programas estatales de VIH, algunos activistas manifestaron su inconformidad. Se dijo entonces que dicha suspensión se hacía debido a que los médicos de los servicios de salud citados no prescribían de manera correcta los tratamientos antirretrovirales.
Al respecto, José Antonio Izazola dijo para Letra S que todos los lineamientos emitidos por el Censida han buscado incrementar la calidad de la atención que reciben las personas con VIH, por lo que reiteró la importancia de que los recursos financieros sean usados “racionalmente”.
Sin embargo, activistas como Luis Adrián Quiroz, quien también es vocal del Consejo Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida (Conasida), se han manifestado en desacuerdo con este control de gastos, pues contradice la política de acceso universal a los antirretrovirales.
A pesar de estos episodios, Izazola considera que los cuatro años de su administración dejan buenos resultados.
Sumas y restas
El pasado 26 de noviembre, el Censida presentó su informe “VIH/sida en México 2012”, donde dio a conocer algunas cifras, entre ellas la reducción de la mortalidad por sida a 4.3 por cada 100 mil habitantes, la disminución de nuevas infecciones a 9 mil 903 en 2011 y una cobertura de antirretrovirales del 85 por ciento en todo el país.
No obstante, el mismo informe indica que estos datos “pudieran precisarse más dado el subregistro que principalmente podría afectar las cifras del RNCS (Registro Nacional de Casos de Sida) en los últimos tres años (especialmente en 2011)”, lo que hace suponer que, al ser las cifras del informe preliminares, los números definitivos podrían aumentar.
Algo similar sostuvo Diego Palacios Jaramillo, representante de México del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), durante el taller para periodistas “Viendo al futuro en la respuesta al VIH en México”, donde señaló: “aunque no lo sabemos con certeza, estimamos que hay un subregistro del 30 por ciento en el país”.
Por su parte, Enrique Bravo García, asesor técnico del Consorcio de Investigación sobre VIH/sida y Tuberculosis (Cisidat), dio a conocer este año algunos datos nacionales sobre mortalidad por sida. Sostiene que, aunque México fue uno de los primeros países en garantizar el acceso universal y gratuito de la terapia antirretroviral en América Latina –esto en 2003–, de ese año al 2010, casi 40 mil personas murieron de sida. Por tal motivo, para Bravo, la tasa de mortalidad por sida se ha mantenido estable; esto quiere decir que no se han logrado reducciones significativas, como sí sucedió en otros países de la región, por ejemplo, Brasil.
Además, la gráfica que muestra el informe del Censida, donde se ubica la mortalidad por sida en 2011 en 4.3 por 100 mil habitantes, señala también que esta misma tasa de mortalidad era la que se tenía en 1998, cuando no había acceso a tratamiento antirretroviral.
Niños con VIH, todavía una realidad
Aunque este sexenio se incrementó la oferta de pruebas de detección de VIH y sífilis congénita en mujeres embarazadas –este año se aplicaron 970 mil en todo el país– y se realizó una campaña nacional para promoverlas, de acuerdo con datos oficiales, en los últimos seis años se contabilizaron alrededor de 500 casos de VIH por transmisión perinatal.
Sin embargo, de acuerdo con Eugenia López, coordinadora general de la organización Balance, existen algunos estudios que hablan de un 75 por ciento de subregistro en casos infantiles de VIH, por lo que este número podría ser mayor.
Para López, en este país se pueden detener los nacimientos de niños con VIH; “el problema es la implementación; estamos desarticulados, no hay una ruta de acción clara”, señaló. Fuera de lo anterior, la activista afirmó que este sexenio las mujeres no recibieron la suficiente atención por parte del gobierno federal en el tema de VIH, pues con la llegada de recursos del Fondo Mundial para el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, se dio una “distracción” en la política pública.
Si bien la coordinadora de Balance reconoció la importancia de que se ponga énfasis en las poblaciones donde se encuentra concentrada la epidemia (principalmente hombres que tienen sexo con hombres), aseguró que al mismo tiempo esto genera que otras poblaciones, como las mujeres, sean “descuidadas”.
Los próximos desafíos
El sexenio de Felipe Calderón llegó a su fin, y los pendientes que deja en materia de VIH habrá que redirigirlos, como desafíos, al próximo gobierno federal, encabezado por Enrique Peña Nieto.
Para José Antonio Izazola, mejorar la atención que reciben las personas con VIH en los servicios de salud y garantizar la sustentabilidad de la política de acceso a medicamentos antirretrovirales, son dos de los principales retos.
Eugenia López consideró necesario crear un plan estratégico nacional de VIH con perspectiva de género, que refleje las necesidades de las mujeres. Por su parte, Luis Adrián Quiroz, afirmó que no basta con el acceso universal a los antirretrovirales; debe haber disponibilidad, y sobre todo, una atención integral; pues recordó que en el Seguro Popular no hay cobertura para enfermedades oportunistas relacionadas con la infección. El presidente de Salud, Derechos y Justicia reconoció que uno de los grandes aciertos que tuvo este gobierno federal fue la “fragmentación” de la sociedad civil, “lo cual también fue culpa de nosotros los activistas, por permitírselo”.
Según datos del Censida, durante su última administración destinó más de 177 millones de pesos al financiamiento de 490 proyectos de organizaciones que trabajan en la prevención del VIH. Cabe recordar que en varias ocasiones, distintos activistas acusaron al Censida de entregar estos recursos con base en favoritismos, como sucedió con el proyecto “La Homofobia está Out”, una especie de reality show en el que se invirtieron cerca de dos millones de pesos.
La competencia por los recursos es lo que ha generado esa división de la que habló Quiroz Castillo; pues además no existe una evaluación que documente los resultados obtenidos con los proyectos financiados.
Finalmente, el activista señaló que hace falta una política nacional para la prevención, atención y el control del VIH que vaya más allá del sector salud; de lo contrario, no se logrará cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio –que en materia de VIH incluyen haber detenido y comenzar a reducir la propagación del VIH/sida para 2015–, “salvo que se maquillen las cifras”.
*Publicado en el número 197 del Suplemento Letra S del periódico La Jornada el jueves 6 de diciembre de 2012
