Ahí, Édgar Valdéz Villarreal “La Barbie”, asegura que fue presionado y amenazado por agentes de la SEIDO, para implicar en sus declaraciones a los militares detenidos:
“De acuerdo con la información que Proceso obtuvo de esa diligencia, La Barbie amplió su declaración inicial y afirmó ante el juez Raúl Valerio Ramírez que el pasado 21 de mayo –días después de la detención de los oficiales del Ejército–, funcionarios de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, ahora SEIDO) lo visitaron en el penal del Altiplano”.
“Asegura que lo hostigaron y amenazaron para que declarara contra los militares y que le mostraron fotografías para que los identificara, aunque él afirma que les dijo que no los conocía”.
““Querían que yo declarara en contra de ellos para ayudar a la SIEDO. Yo les pregunté en qué querían que les ayudara si yo no los conocía. Ellos me indicaron que lo único que yo tenía que decir era que yo los conocía, traían como unas veinte hojas como de oficio y ahí observé el nombre de Roberto López Nájera, con clave Jennifer”, afirmó Valdez Villarreal al juez que lleva la causa penal”.
De ser cierto lo que Las Barbie declara, se confirmaría que la famosa y socialmente tan costosa cruzada contra el crimen aplicada por Calderón se sostiene en procesos judiciales viciados de origen, sin pruebas contundentes, y que se basan en las endebles declaraciones de anónimos testigos protegidos y en la obtención de declaraciones de hechos basadas en la presión sicológica, las amenazas y la tortura.
El escenario no puede ser peor para el cierre de la administración calderonista.
Su tan defendida estrategia será mucho más recordada por los 80 mil muertos del sexenio, errores garrafales de estrategia y operación como el “michoacanazo”, el “falso Chapito”, las dudas severas sobre la muerte de Heriberto Lazcano “El Lazca” y ahora la posibilidad de que estos generales detenidos bajo supuestas pruebas contundentes de cohecho con criminales, pudieran salir libres muy pronto.
Las dudas en este caso no son nuevas.
Desde el inicio, fuentes de muy alto nivel en el ámbito castrense tenían severas dudas sobre la fortaleza jurídica del proceso que se le sigue a los generales Tomás Ángeles Dauahare y Ricardo Escorcia Vargas, el general brigadier DEM Roberto Dawe González, y el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto.
Para ellos, más que procesos encaminados a demostrar la colusión de estos elementos con los grupos relacionados con la delincuencia organizada, se trata de un vulgar ajuste de cuentas que se dio bajo la lógica de la lucha de partidos en la coyuntura de la elección presidencial de julio.
Y es que, en el mundo militar, se sabe que los hoy arraigados tienen vínculos con personajes ligados a Enrique Peña Nieto y que inclusive habrían participado en campaña en eventos para explicar la realidad nacional en materia de inseguridad, supuestamente organizado por gente cercana al entonces candidato priista.
Ante la falta de elementos concretos para incriminar a estos elementos castrenses, la Procuraduría General de la República recurrió a la siempre ambigua figura del arraigo, lo que sumado a una serie de irregularidades que han existido desde el inicio del proceso, arrojan mucho más dudas que certezas sobre la verdadera intención del gobierno federal en este caso.
Unos días después de estos hechos, trascendió en medios nacionales que los procedimientos estaban de origen viciados.
Los arraigados fueron mantenidos por horas incomunicados y en el caso concreto de Ángeles Dahuare, la Siedo se negó a acreditar a su abogado defensor imponiéndole uno de oficio para enfrentar las acusaciones en su contra.
Insisto, sería muy grave que todas estas hipótesis se comprobaran.
Si bien es cierto que desde que Ernesto Zedillo decidió sacar al ejército a las calles para combatir al narco, hemos visto a figuras castrenses sucumbir ante los encantos corruptores de la delincuencia, también es cierto que los procesos legales que llevaron a esos militares a la cárcel eran de una fortaleza y congruencia jurídicas mucho mayores a los que hoy caracterizan el cierre del período de Felipe Calderón.
Con todo y sus errores de procedimiento y el gran yerro de concientizar y capacitar a sus elementos para evitar abusos de autoridad, el Ejército se ha caracterizado por su gran aporte a la gobernabilidad del país, en un tiempo en donde la debilidad institucional parece ser la característica principal del México actual.
Así fue en el 2000 con el fin del régimen de partido único.
Así fue en el 2006 después de las severas dudas con la que se resolvió aquella elección presidencial.
Así tendrá que ser en este 2012, cuando el relevo en la presidencia se concrete.
En este contexto, abrir un frente innecesario con personajes de alto peso en el mundo de las Fuerzas Armadas podría significar un auténtico suicidio para el todavía jefe del Ejecutivo.
Mucho más aún, cuando al término de su mandato y después de haberle declarado la guerra a todos y cada uno de los grupos delictivos del país, su seguridad y la de su familia dependerá por mucho tiempo de militares mexicanos.
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