Un caso concreto es el edificio de departamentos que se ubica en el Boulevard La Vista a cargo de la empresa Consorcio Residencial Poblano S.A de C.V y en donde hasta hace unos días se trabajaba sin la licencia de construcción correspondiente.
La imagen no deja lugar a dudas.
Usted puede ver cómo, a pesar de lo adelantada que se encuentra la obra, el ayuntamiento que encabeza Miguel Ángel Huepa toleró la construcción de un buen número de pisos del edificio sin que se tuviera la licencia correspondiente.
En el colmo del absurdo, apenas hace un par de días, cuando se detonó el más reciente escándalo mediático que enloda nuevamente al fraccionamiento, se inventó una licencia al vapor y, como por arte de magia, ahora sí se cumple al pie de la letra con la norma vigente.
¿Primer milagro del recientemente nombrado Pueblo Mágico?
De risa.
Ahora resulta que todo estuvo en orden y no hay nada irregular.
La licencia “express”, la número M/179/12, la expide la autoridad municipal cuando el edificio lleva un avance de más del 70% en su construcción, la otorgan con fecha del 1 de marzo de 2012, cuando es claro que en esa fecha no se contaba con el documento y vence supuestamente el 1 de septiembre de 2013.
Como responsable de la obra aparece Luis Manuel Meza Cuautle quien integra la planilla Ingenieros en Evolución que compite por encabezar el Consejo 2013-2014 del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado.
Pésima carta de presentación para llegar a la dirigencia de un cuerpo colegiado que supongo, estará del lado de la legalidad y repudiará este tipo de prácticas corruptas.
Desgraciadamente, esta historia comprueba que el alcalde Huepa sigue al pie de la letra la estela de corrupción heredada por sus antecesores, David Cuautli y Omar Coyopol, quienes durante su paso por el gobierno de San Andrés violaron la ley para favorecer a particulares.
La construcción del fraccionamiento Misión de San Martinito, uno de los más exclusivos y con un mejor valor de reventa en el mercado inmobiliario es un ejemplo de las corruptelas de ambos ex alcaldes.
En el 2007, durante la administración de Omar Coyopol, el cabildo acuerda indebidamente indemnizar a la propietaria del predio, Carmen Minutti, por la “lesión de una franja de terreno para ampliar la calle Arbolada”, medida absolutamente necesaria para que la dueña pudiera empezar a fraccionar el terreno.
En ese entonces fijaron como base de pago el valor catastral al momento.
En enero de 2008, menos de un mes antes de la salida de Coyopol de la alcaldía de San Andrés, el director de Desarrollo Urbano, Planificación y Ecología, Jesús Morales, violando el acuerdo de cabildo mencionado, le autoriza a la desarrolladora el pago de la franja cedida calculando el precio como un promedio entre el valor catastral y el valor comercial, medida que perjudicó las finanzas municipales, pero que favoreció a la dueña del terreno.
¿De a cómo fue?- se preguntará usted.
Días después, la aberración fue aún mayor cuando el mismo Jesús Morales emitió una licencia “condicionada” a la dueña del terreno que le permite lotificar predios con una superficie mínima de 200 metros cuadrados y un área de donación del 10%, lo que viola flagrantemente la Ley de Fraccionamientos y Desarrollo Urbano del estado de Puebla que señala que la cantidad de superficie mínima por lote, en un fraccionamiento con esas características y de acuerdo con su densidad H-O, debe de ser de por lo menos mil metros cuadrados y con un área de donación del 20% del total.
Por si fuera poco, la licencia se entregó a pesar de que la dueña del predio se excedió del plazo de 60 días que marca la ley para presentar todos los requisitos y documentos solicitados para el trámite de una licencia con estas características.
La administración de David Cuautli, detecta inmediatamente toda esta serie de irregularidades y, aunado a la pérdida de vigencia de la licencia de uso de suelo correspondiente procede entonces a la cancelación definitiva de esta licencia “condicionada”, lo que tiene como consecuencia lógica la clausura inmediata de las obras del fraccionamiento.
Así fue, sólo por unos meses.
El entonces secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Felipe Velázquez, hoy flamante Secretario de Gestión Urbana y Obra Pública del municipio de Puebla, a través de su director de Planificación y Ecología, Marco Aurelio Vargas, retiró la clausura del predio y giró las licencias correspondientes, reiniciándose de inmediato los trabajos de urbanización de lotes de 200 metros cuadrados y un área de donación de la mitad de lo que marca la propia ley.
Y otra vez la pregunta: ¿de a cómo fue?
Sobra decir que la molestia de los vecinos del lugar es evidente ya que en campaña, Cuautli les prometió que no autorizaría la construcción de este fraccionamiento irregularidad, el cual, según los propios habitantes de la zona “atenta en contra de la plusvalía y el alto nivel de vida de la zona”.
Ya sentado en la silla el dinero pudo más y optó por no honrar sus acuerdos.
Sobra decir que Cuautli, tal como lo hizo su antecesor en su momento, no podría realizar toda esta serie de irregularidades sin la complicidad de su cabildo, formado en su mayoría por elementos incondicionales a él y quienes en los hechos no son más que viles cómplices de sus fechorías.
En esta lista negra de la vergüenza figuran los nombres de Celia María Rivera Zárate, regidora de Gobernación, José Luis Mixcóatl Chiquiti, de Desarrollo Urbano, además de María Teresa Sánchez Burgoa, José Jorge Juárez Gregorio, Armando Coyopol Écatl y el síndico municipal Gildardo Toxtle Tecpanécatl.
Esta es tan sólo una probadita de la apestosa herencia de corrupción que han dejado los gobiernos panistas de San Andrés, tradición que alegremente sigue el ciudadano Huepa.
Cualquier similitud con Alí Babá y los 40 ladrones, no es mera coincidencia.
Por más magia que le quiera poner a la historia.
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