El secretario de Gobernación federal, Alejandro Poiré, no negó que se cobre piso a empresarios poblanos por parte de carteles de droga. Invitó a los afectados a denunciar los casos ante las autoridades ministeriales y aseguró que trabajan coordinados con el estado para combatir cualquier actividad delictiva en Puebla.
Argumentó que cada región del país tiene una problemática particular en cuanto a crimen organizado se refiere, pero evitó señalar cuáles son las situaciones específicas que tiene la entidad poblana.
¿Tiene reporte de cobro de piso por parte de grupos de delincuencia organizada aquí en Puebla?, hay empresarios que están señalando eso, preguntó Status.
-Cualquier caso de extorsión que se pueda identificar se tiene que hacer la denuncia correspondiente y las autoridades tienen que actuar en contra de quien esté generando este delito, respondió.
En cuanto a la depuración de los cuerpos policíacos en el país, dijo que 172 mil policías han pasado los controles de confianza y 43 mil han reprobado las pruebas de confianza, lo que se traduce en un 20 por ciento de policías que no son confiables para el cargo, que han participado en la comisión de delitos, que están relacionados con grupos criminales, entre otros.
Veracruz y Guerrero, la puerta
El gobernador Rafael Moreno Valle reconoció que las colindancias con Veracruz y Guerrero son los puntos más sensibles en el combate a la delincuencia en el estado, debido a los altos índices de crimen organizado que reportan esas entidades.
Agregó que la colindancia con Tlaxcala también representa un foco de alerta por la trata de personas, delito que ya se combate en Puebla.
Moreno Valle enfatizó que los gobiernos deben fortalecer las políticas de empleo para evitar que los jóvenes se inserten en las filas del crimen organizado.
“Es necesario generar opciones de desarrollo en las diferentes regiones para quitarles a los delincuentes la posibilidad de reclutar a sus filas a los jóvenes que no encontraron opciones de desarrollo. En ese sentido seguiremos trabajando en el estado de Puebla coordinados con el gobierno federal y los estados vecinos”, dijo.
Antecedentes
La extorsión telefónica es un delito que no ha podido frenar la administración morenovallista debido a que no se denuncia ante la desconfianza que existe hacia las autoridades, los engorrosos trámites ante el Ministerio Público y la falta de campañas de prevención.
Al final de la administración marinista eran los empresarios las principales víctimas pero ahora son amas de casa, estudiantes, alcaldes y hasta sacerdotes.
Sin detallar cifras concretas el secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas Fosado, reconoció que en los dos últimos meses se han disparado las llamadas de extorsión de las que ni él se ha salvado.
Reveló que diario tiene un reporte de este delito aunque no descartó que se registren más casos al día, debido a que los ciudadanos desconocen qué hacer ante ese tipo de llamadas, caen en el chantaje y no reportan el caso a las autoridades.
Dijo que en el rastreo de los casos, reportados al 088, han detectado que las llamadas provienen de cárceles del norte del país y del Distrito Federal.
Vargas señaló que ante el incremento de estas llamadas la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría General de Gobierno, la Procuraduría General de Justicia, el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, así como la Arquidiócesis de Puebla, lanzarán una campaña de prevención, ya que históricamente en la temporada decembrina se dispara este delito.
Esta campaña fue uno de los acuerdos establecidos en la quinta reunión de trabajo del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia y su objetivo será informar a la ciudadanía sobre cómo se debe de actuar ante una posible extorsión.
La próxima semana se distribuirán pósters que se colocarán en las ventanillas de sucursales bancarias. También se repartirán tarjetas de bolsillo con recomendaciones y el número telefónico 01 (222) 2 44 68 53 de la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto, para recibir denuncias las 24 horas del día.
También el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia pondrá a disposición de la ciudadanía los teléfonos 3 099 099 para la capital poblana y el 01 800 9 099 099 para el interior del estado, con el fin de prevenir ser víctima de este delito, así como saber qué hacer en caso de haber sufrido una extorsión.
Sacerdotes, nuevas víctimas
Al menos 20 casos de chantaje o extorsión telefónica a cargo de supuestos integrantes del crimen organizado, recibieron sacerdotes poblanos en los últimos siete meses del presente año, reveló el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa, quien exhortó a presentar las denuncias para que la autoridad lleve a cabo la investigación correspondiente.
Los casos principalmente involucran a municipios como Tlachichucha, Ciudad Serdán, Oriental y la capital poblana, sin que hasta el momento ninguno de los involucrados haya realizado algún depósito bancario o accedido a dejar dinero en los lugares donde les indican los delincuentes.
Alcaldes, los clientes
En septiembre de 2011 alcaldes de municipios como Vicente Guerrero, de Atlixco y de Huaquechula refirieron al secretario de Seguridad Pública, que recibían llamadas de extorción de personas que se identificaban como parte del crimen organizado.
El alcalde de Huaquechula, Raúl Marín Espinoza, aseguró ser víctima de extorsión telefónica desde su llegada al gobierno, situación que reportó a la secretaría de Seguridad Estatal, cuya recomendación fue “seguirle la corriente a quien le llame para detectar el origen de la llamada”.
Tras seguir las instrucciones, la dependencia le notificó que se trataba de intentos de chantaje de parte de reos de cárceles de otros estados.
A finales de 2011 el edil refirió que aun recibía llamadas de parte de sujetos que se identifican como parte de la delincuencia organizada, sin embargo la tranquilidad que existe en la población sólo afectada por “pandilleros”, lo mantenía en paz.
En esa ocasión el gobernador Rafael Moreno Valle señaló que se trataba de llamadas falsas y que los alcaldes tenían instrucciones de reportarlas en la SSP.
Migrantes no se salvan
A finales de la administración marinista la delegada del Instituto Nacional de Migración (INM), Rocío de la Vega, informó que se registraban entre tres y cuatro casos al mes de extorsiones telefónicas en contra de migrantes, principalmente en la zona de la mixteca y la sierra norte.
El funcionaria federal dijo que el entonces titular de la SSP, Mario Ayón le reportó que las llamadas salían de penales de Tamaulipas y que los delincuentes se decían integrantes de “Los Zetas”, aunque no lo eran.
