Inesperadamente, por acuerdo de 5 partidos políticos en la sesión extraordinaria del Poder Legislativo, se retiró el punto de acuerdo del panista Juan Carlos Espina, aprobado por unanimidad en Comisiones, para sancionar el robo de inmobiliario urbano.
En la tribuna legislativa el diputado aliancista Héctor Alonso Granados reveló que fue en venganza por sus declaraciones contra la Reforma Electoral en medios de comunicación.
Los coordinadores de las bancadas del PRI, Verde Ecologista, del Trabajo, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano (PMC) propusieron retirar del orden del día la reforma al Código de Defensa Social que impulsaron Espina y el legislador del tricolor Filiberto Guevara Gutiérrez con el argumentó de que faltó tiempo para el analisis y no se debe de contribuir a llenar los penales por delitos menores, pues ya de por sí hay un grave hacinamiento.
En tanto que el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política Edgar Salomón Escorza, reconoció que existe malestar entre los diputados por la actitud crítica del legislador panista, que promovió una acción de inconstitucionalidad contra el Congreso que es estudiada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero rechazó que se haya aplicado una revancha.
Espina lamentó lo que denominó “desquite legislativo” pues perjudica a la población.
Consuman parche legislativo
Con 32 votos a favor, y cuatro en contra de los panistas Juan Carlos Espina, Ana Maria Jiménez, Josefina Buxadé y Rafael Von Rasfaeld; se aprobó la corrección a la reforma electoral del 3 de septiembre.
En tribuna, el panista Juan Carlos Espina advirtió que se incurrió en otro error legislativo pues la corrección de no servirá para resolver la inconstitucionalidad de la enmienda que ya es analizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pues se sigue vulnerando la Constitución federal y la del estado.
La modificación consistió en posponer la aplicación de la reforma hasta la elección de 2016, la cual a su vez propone reducir la duración de los procesos comiciales de ocho a cinco meses, teniendo como inicio el mes de febrero.
Sobre el particular el aliancista Guillermo Aréchiga aclaró que no temen un revés de la Suprema Corte toda vez que no incurren en una inconstitucionalidad pues solo pretenden acortar tiempos y costos de campañas electorales en beneficio de los poblanos.
Añadió que el 3 de seprtiembre no tuvieron la intención de afectar la vida interna del PAN, como lo afirmó el todavía dirigente Juan Carlos Mondragón.
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