Esta semana los 210 policías y agentes viales despedidos por supuestamente reprobar exámenes de control de confianza, solicitarán la protección de la Justicia Federal para reincorporarse a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal.
También entablarán una demanda laboral por haber sido engañados para firmar renuncias, y por que el gobierno morenovallista se niega a indemnizarlos ante el despido.
Además podrían demandar daño moral, pues consideran que son marcados socialmente como delincuentes o consumidores de droga por haber sido despedidos de corporaciones policiacas después de más de 15, 20 o hasta 25 años de servicio.
Los policías aseguraron que fue en agosto de 2010, cuando realizaron las últimas pruebas de confianza, de las que no conocieron los resultados; por lo que es “absurdo” que los corran hasta dos años después, en caso de que hayan reprobado.
También señalaron que durante el sexenio de Mario Marín no se les aplicó una sola prueba de confianza y que la más reciente no es válida para un despido, ya que el control tiene que realizarse una vez al año.
Contaron que el pasado 1 de octubre los citaron para realizar un curso de protección civil y al llegar el director de vialidad estatal, Jorge Verduzco, les pidió que firmaran documentos en blanco y que pasaran su pulgar sobre un lector como parte de los requisitos del curso.
Posteriormente les informaron que reprobaron los controles de confianza, y sin más explicaciones les pidieron sus armas y uniformes, asegurándoles que serían llamados para su liquidación, situación que no ha sucedido.
Los denunciantes aseguran que al gobierno morenovallista se le vino encima el plazo que marca el Sistema Nacional de Seguridad Pública para la depuración de los cuerpos policiacos, por lo que iniciaron despidos con parámetros diferentes a las pruebas de confianza.
El común denominador de los policías con los que Status tuvo contacto, son hombres y mujeres que sobrepasan los 40 años y que cuentan con más de 20 años de servicio, por lo que la medida supone que el gobierno estatal decidió dejar a gente joven y evitar próximas jubilaciones.
Entre los despedidos se encuentra personal administrativo que nunca ha estado en atención al público o ha sido operativo, por lo que no pudieron haber caído en actos de corrupción y de haber sido ineficientes en su trabajo tuvieron que ser despedidos desde años atrás.
También existen hombres y mujeres que cuentan con licenciaturas principalmente en derecho y con curso de capacitación y adiestramiento impartidos por la SSP; y algunos hasta con maestrías en curso.
