La integración de 26 expedientes administrativos en contra de funcionarios marinistas respaldó el regreso a la Contraloría estatal de Patricia Leal Islas, luego de estar tres meses en campaña como compañera de fórmula del candidato al senado por Acción Nacional, Javier Lozano Alarcón.
Leal Islas aseguró que su reincorporación al gabinete del gobernador Rafael Moreno Valle demuestra su eficiencia, y no el pago de facturas o de maniobras políticas pactadas con anterioridad para favorecer a Lozano.
Se adelanta que Lozano abandonaría el senado para sustituir al secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla si este se convierte en candidato a la presidencia municipal de Puebla; en tanto que Leal Islas llegaría finalmente al Senado como suplente.
Pese a que el mandatario estatal no nombró un nuevo contralor y sólo quedó como encargado de despacho Eugenio Mora Salgado, Leal Islas aseguró que el trabajo de la Secretaría de la Contraloría no fue suspendido.
Insistió que el haber abandonado la contraloría durante tres meses no significa que los expedientes contra marinistas “hayan dormido” y se comprometió a dar celeridad a procesos pendientes tanto de los funcionarios “corruptos” de la pasada administración o de la actual, pues suman 41 expedientes sobre irregularidades administrativas.
Evidentemente hay y habrá críticas de tu reincorporación. Te sales de la administración y ahora regresas. ¿Se hablará de pago de facturas o de acuerdos?, señaló Status.
-Considero que cuando tienes 30 años de servicio profesional que te respalda y cuando has dado resultados creo que no se puede hablar de nada de lo que comentas (…) Simplemente es reincorporarme a una actividad que me gusta y en la que puedo aportar. Esto no es pago de facturas ¿a quién?
Cabe señalar que Leal armó expedientes en contra de funcionarios del gobierno marinista que envió a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y derivaron en órdenes de aprehensión en contra del ex secretario de Salud, Alfredo Arango García- preso en el penal de San Miguel- y del ex secretario de Obras Públicas, Javier García Ramírez – prófugo de la justicia-.
En el caso del ex secretario de Finanzas, Gerardo Pérez Salazar, tiene una inhabilitación de funciones públicas por un año y la posibilidad de que el expediente que envió la contralora a la PGJ también derive en una detención, situación que Leal evitó señalar con el argumento del sigilo del área que encabeza.
