La denuncia emitida por el Consejo Ciudadano por la Equidad de Género de los Medios de Comunicación, donde se exige al Instituto Federal Electoral (IFE) una reparación del daño causado en el pasado debate presidencial por la presencia de la edecán Julia Orayen, cuyo manejo de imagen implicó un “grave retroceso para todas las mujeres porque en sólo 24 segundos se anularon los derechos políticos y sociales conquistados en más de 100 años de lucha”, ha sido firmada por 44 organizaciones civiles y 144 personas.
“¿Para qué votar y ser candidatas si nuestro único valor se reduce al uso de nuestro cuerpo?, ¿para qué estudiar o trabajar si, al final, sólo nos toman en cuenta por nuestros atributos físicos?, ¿de qué sirven nuestros niveles de preparación o nuestra experiencia política si al final todo será derrumbado por curvas voluptuosas y escotes prolongados?, ¿cómo ejercer nuestros derechos si al final somos carne de consumo mediático?”, fueron las preguntas que quedaron a la audiencia que vio el debate y evidenciadas en las publicaciones posteriores a el, señaló Lurdes Barbosa, presidenta de Mujeres en Frecuencia.
La activista expuso en conferencia de prensa que la difusión de la imagen de la edecán en el debate ocurrido el pasado domingo no fue un incidente que pueda quedar en una disculpa, porque “las mujeres nos volvemos a convertir en objetos de adorno”, por lo que el órgano electoral no debe quedar eximido de su responsabilidad en la práctica y reproducción de la violencia contra las mujeres.
Señaló que el retroceso es “grave y alarmante” puesto que las mujeres al conformar 53 por ciento de la población total del país y 51.8 por ciento del padrón electoral, son las que han decidido los dos últimos procesos electorales. “¿Cómo es posible que este órgano encargado de la política electoral, sea el que esté promoviendo esta imagen?”.
La comunicadora condenó que ninguno de los candidatos presidenciales -Andrés Manuel López Obrador, postulado por las izquierdas; Josefina Vázquez Mota, del Partido Acción Nacional; Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional; y Gabriel Quadri, del Partido Nueva Alianza- se hayan manifestado al respecto, “lo cual para la propia candidata significa una ofensa”.
Apuntó que además de violar la Constitución al utilizar el cuerpo de una mujer como estrategia mediática, el IFE también pasó por alto la Ley Federal de Radio y Televisión, la Ley de Igualdad de Hombres y Mujeres, la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y los Tratados Internacionales de la Cuarta Conferencia de la Mujer en Beijing, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención Belem Do Pará”, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la propia Carta Universal de los Derechos Humanos.
La comunicadora indicó que México estaría reprobado según la Organización de Estados Americanos, que evalúa a un país por la participación política de sus mujeres, quienes según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) son las que solventan 75 por ciento de los hogares, por lo que exigen más espacios, además de conocer las propuestas que tienen para ellas los cuatro candidatos.
Entre las propuestas para que el IFE repare el “efecto discriminatorio de su estrategia sexista mediática”, las activistas señalaron la organización de un nuevo debate dedicado exclusivamente al tema de política de género donde el propio organismo exponga sus acciones para promover la cultura democrática de la equidad, la contratación de un equipo de producción certificado en género, así como la creación de una comisión editorial ciudadana para asesorar y supervisar los contenidos de sus acciones y serán enviadas para su cumplimiento al Instituto Nacional de las Mujeres, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a la Cámara de Diputados y al Senado de la República.
Cabe señalar que el Consejo Ciudadano por la Equidad de Género, envió dos misivas con estas propuestas a Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del IFE, y a Hilda Téllez Lino, directora general del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, donde se exponen los artículos violentados y se pide la reversión del hecho, además de la firma de un compromiso que evite cualquier forma de sexismo en actividades futuras.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran: Modemmujer, Red Feminista de Comunicación Electrónica; Género, Ética y Salud Sexual Ac (Gess-Monterrey); Consorcio por la Equidad y el Diálogo Parlamentario (Oaxaca); Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, (Adivac), Red Nacional de Género y Economía (REDGE) y Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos.
La polémica comenzó durante el debate organizado el pasado domingo por el IFE, después de la difusión de la imagen de la edecán Julia Orayen, en el que participaron los candidatos a la Presidencia de la República.
