La LVIII legislatura local podría recibir su primer revés jurídico pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó el recurso de inconstitucionalidad promovido por la Confederación Mexicana de Acceso a la Información Pública (Comaip), que a su vez fue sugerido por el Instituto Federal para el Acceso a la Información Pública (IFAI) por considerar que los artículos 73 y 76 de la Ley de Ingresos inhibe el derecho a la información de los poblanos toda vez que establece en 80 pesos el costo por copia certificada en las solicitudes de información.
Al respecto el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, José Luis Márquez Martínez, minimizó el revés al referir que la dirección jurídica analiza el documento, que llegó el martes, para responderlo en un plazo no mayor a 15 días.
Aunque el también coordinador de la bancada priista dijo desconocer el sentido de la notificación, es decir si se le piden eliminar el costo de 80 pesos o reducir el monto, adelantó que el Congreso defenderá ante la Suprema Corte de el costo que propuso el Gobierno del Estado para las copias certificadas de información pública.
En ese sentido rechazó se limite el acceso a la información pública toda vez que sólo aplica para las copias certificadas mientras el resto de datos gubernamentales se pueden consultar de gratuita a través de forma electrónica.
Tras rechazar que el máximo tribunal del país les haya corregido la plana y aunque en días pasados el presidente de la Comisión de Hacienda, Lauro Sánchez, responsabilizó al Gobierno del Estado del cobro por copias, “pues la Secretaría de Finanzas fijó el precio y se negó a modificarlo”; Marquéz deslindó a la gestión morenovallista de cualquier compromiso.
“Se aprobó en el Congreso y es una acción contra el Congreso entonces es un tema que tenemos que resolver aquí y que ya está en estudio”.
Cabe señalar que el 19 de enero el ministro José Ramón Cossio Díaz admitió el recurso presentado por los organismos no gubernamentales y ese mismo día quedó registrada a trámite con el número de expediente 3/2012 ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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