La Secretaría de la Contraloría turnó a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) 40 casos de irregularidades administrativas, que pueden derivar en conductas delictivas cometidas tanto por funcionarios de la pasada administración como de la actual, informó Patricia Leal Islas.
Otros 41 casos más se quedaron en la contraloría. En ellos, solo se detectaron irregularidades administrativas que serán sancionados económicamente y/o con inhabilitaciones en el servicio público, explicó la funcionaria estatal.
Entre estos expedientes se encuentra el de Constantino Cabrera Cantero, quien fue cesado del cargo de jefe del departamento de Coordinación de Adjudicaciones del Comité de Administración para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee), tras lo publicado por Alejandro Mondragón en la columna Al Portador.
Mondragón evidenció que Cabrera fue jefe del departamento de concursos de la extinta Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Seduop), uno de los ocho investigados junto con el ex titular de Seduop, Javier García, por la entrega indebida a “Constructores Mallinalli” de la obra “Hospital General de 45 camas” en el municipio de Izúcar de Matamoros, primera etapa con valor de 76.7 millones de pesos.
Pese a que hasta el pasado miércoles la contraloría no se percató que Cabrera laboraba en el Capcee, Leal negó que en esta administración se les hayan filtrado ex marinistas que cometieron irregularidades y que tienen procesos abiertos.
¿Qué pasó con el funcionario del Capcee que estaba siendo investigado y que laboró en Obra Pública en la pasada administración?, preguntó Status.
-Queda demostrado que en esta administración actuamos con estricto apego a la Ley y que no nos fijamos quienes son.
¿Hay más casos de ex funcionarios de la pasada administración que se hayan filtrado en esta y que hayan cometido irregularidades?
-No lo llamaría filtrado. Es un servidor público que ha trabajado en el gobierno no te sé decir cuánto tiempo, que cambió de dependencia y que hay alguna actuación que no se hizo de manera adecuada y tiene que responder ante la contraloría. Me parece acertadísima la decisión del secretario de Educación Pública de separarlo de su encargo hasta que se esclarezcan los hechos. Si se esclarecen podrá regresar a su empleo, sino lamentablemente tendrá que ser sancionado.
