Mediante escueto comunicado, la Secretaría de Educación Pública informó que en coordinación con el Comité Administrador Poblano de Espacios Educativos (Capcee) solicitó la separación del cargo a Constantino Cabrera Cantero, que se desempeñaba como jefe del departamento de Programación de la Subdirección de Planeación y Programación de la Dirección Técnica de dicho organismo.
Ello con el objeto de facilitar el proceso de investigación que realiza la Contraloría estatal respecto a las responsabilidades que Cabrera Cantero tuvo durante la administración anterior en Desarrollo Urbano y Obras Públicas, a cargo de Javier García Ramírez.
La acción disciplinaria llegó horas después de que la columna Al Portador, de Alejandro Mondragón, documentó que el personaje en cuestión está incluido en el proceso abierto contra ex funcionarios de Obras Públicas por la entrega indebida del hospital General de 45 camas en el municipio de Izúcar de Matamoros a Constructores Mallinalli.
Ahí se vincula a Constantino Cabrera Cantero con la entrega indebida de la obra por 76.7 millones de pesos, según el expediente 28/2011 en el que también se detalla que “el director de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría, Jorge Dustano Reyes Santos, ordenó el inicio del procedimiento de determinación de responsabilidades administrativas contra Héctor Leopoldo Tapia Flores, residente de Obra; Rodolfo Arellano Ortega, en su momento jefe del Departamento de Supervisión; Constantino Cabrera Cantero, jefe del Departamento de Concursos; Leonardo Otilio Santamaría Córdova, jefe del Departamento de Evaluación Legal, Financiera y Técnica; entre otros.”
Horas antes de la postura oficial diputados como el diputado panista, Juan Carlos Espina, opinó que no había un conflicto de intereses por la investigación a Cabrera Cantero, toda vez que el gobernador desconocía sus antecedentes, pero como en Puebla nadie está por encima de la ley, seguramente se procedería en su contra.
“En este país todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, entonces, cómo podría su nuevo patrón saber que iba a resultar responsable de actos cometidos con anticipación. No hay conflicto de intereses porque si la información ya se publicó, entonces no se le protege”.
En tanto el diputado Enrique Doger opinó que la investigación contra Cabrera Cantero debe llegar hasta sus últimas consecuencias y recordó la palabra empeñada del gobernador en el sentido de que no emprendería una cacería de brujas, solo acciones apegadas a derecho sin solapar actos de impunidad.
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