Con el pie izquierdo inició el segundo periodo del poder legislativo, en el que desapareció la Gran Comisión y se estableció la Junta de Gobierno y Conciliación Política que presidirá por un año el priista José Luis Márquez Martínez; y es que los diputados no pudieron estrenar el tablero electrónico para votaciones que tuvo un costo de un millón 900 pesos pues el sistema les falló.
A pesar de la modernización, se informó que se mantendrá la secrecía del voto para excepciones como el nombramiento de funcionarios. Según Guillermo Aréchiga Santamaría, hasta ayer presidente del Congreso, la adquisición del sistema no fue un lujo sino un paso a la transparencia pues se conocerá en tiempo real el sentido del voto de los representantes populares así como las asistencias y permanencias en las sesiones ordinarias, toda vez que la Comisión Permanente sesiona en un salón anexo.
A manera de despido, Aréchiga recibió el último golpe del representante de Movimiento Ciudadano, José Juan Espinosa Torres, quien desde la tribuna legislativa solicitó a la Comisión Inspectora auditar el periodo del también aspirante aliancista al Senado pues tiene serias sospechas de un desvío de recursos públicos con fines electorales toda vez que se disparó de manera injustificada el costo del tablero electrónico, que estaba presupuestado en 800 mil pesos pero acabó en un millón 900 mil.
Al respecto el nuevo líder del Congreso, José Luis Márquez Martínez, aventó la papa caliente al panista Mario Riestra Piña para que la Comisión Inspectora informe cuanto antes sobre la aplicación de recusos en el periodo del también coordinador de la bancada de Nueva Alianza.
Visiblemente emocionado por el encargo recién adquirido, el legislador priista evadió responder si permanecerá ahí solo un par de semanas para luego ir en busca de una diputación federal y para desviar los cuestionamientos sobre el tema a cambió ofreció pluralidad y coadyuvar a la gobernabilidad de la entidad, como hasta ahora lo ha hecho la bancada priista, sin que ello se mal entienda como estar sometidos por el mandatario estatal.
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