El secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas Fosado, reconoció que ordenó la destrucción del material visual recolectado durante el desalojo de un predio de Chignahuapan, que ocupaban integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA).
Sin embargo aseguró desconocer que ahí también había representantes de los medios de comunicación, y que se actúo con rígidez porque quienes portaban cámaras fotográficas y de video el pasado 23 de agosto también agredieron a los uniformados.
Vargas Fosado insistió que no se trató de un acto de represión contra medios de comunicación o en contra de la libertad de expresión, ya que ninguno de los supuestos agraviados se identificó como reportero.
¿Dio órdenes de no devolverles las cámaras a algunos reporteros?, cuestionó un reportero.
“Opero de manera puntual. Cuando estoy operando tengo que cuidar la integridad de mi gente y si no se identifican, y si no sé quiénes son, pues con la pena… Si tú no traes una identificación, donde te encuentre en una operación, y si me estás agrediendo seguramente tendré una manera de tener un control”.
¿Cómo pueden agredir cámaras y grabadoras a sus uniformados?, insistió una reportera
“En una acción como esa sí. Usted no sabe que agresión hubo. Eran más de 400 personas en contra de un grupo menor de uniformados”, justificó.
Al respecto el secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla, evitó responder si al jefe del gabinete estatal le preocupa el espionaje hacía funcionarios estatales.
Refirió que seguirán insistiendo en la reforma penal que permite la grabación de llamadas telefónicas para la investigación y persecución de delitos graves, advirtiendo que si la práctica se regula no hay de que asustarse.
“Uno no puede estar escuchando conversaciones telefónicas porque eso es ilegal. Cuando por cuestiones de un crimen se amerita la práctica el ministerio público tiene que solicitar permiso a un Juez y esa será una alternativa legal. Creo que no hay que asustarse del tema y también hay que decirlo, son los legisladores los que tienen que evaluar el aprobar o no aprobar estas reformas”, dijo.
PRI duda de audios
Al poner en duda la autenticidad de la grabación que revela cómo Vargas Fosado ordenó agredir a medios de comunicación, el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso local, José Luis Márquez Martínez, no percibe que grave el espionaje.
Añadió que esta práctica siempre ha existido, y a ella debe su fama el ex gobernador priista, Mario Marín, por el caso Lydia Cacho.
“Desafortunamente el espinoje está al alcance de todos. Eso hace imposible saber quién grabó al secretario de Seguridad Pública, pero antes de emitir cualquier juicio primero hay que verificar la autenticidad de la grabación”, dijo.
Horas antes de un encuentro con el Procurador de Justicia, Víctor Carrancá, el legislador respaldó la Reforma Penal que propuso recientemente el gobernador Rafael Moreno Valle, para tipificar como delito grave el lavado de dinero, el narcomenudeo, la desaparición forzada y para permitir la intervención de llamadas telefónicas con el propósito de investigar delitos relacionados con el crimen organizado.
IP no quiere espionaje
El presidente de la Coparmex, Francisco Rodríguez Álvarez, criticó la propuesta que envió el gobierno estatal al congreso local para legalizar el espionaje en ciertos casos, subrayando que ello vulnera el derecho de privacidad.
Para el empresario el problema de dar luz verde al espionaje es que se vulnerarán los derechos ciudadanos de manera abierta, considerando que existen mecanismos para actuar en contra de los delincuentes sin pasar por encima de los derechos humanos.
“A veces el espionaje se usan indiscriminadamente e incluso es un acicate político. Se usan de manera política para desacreditar a ciertas personas o instituciones, es un tema sumamente delicado por lo que la discusión seguramente no se podrá agotar de manera inmediata”, consideró.
(Con información de Pilar Pineda y Erick Almanza)
