Al aclarar que el trabajo de la Comisión Inspectora no está en duda porque es independiente a la labor que desempeña el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, el presidente de la misma, Mario Riestra Piña, confirmó que sobre el auditor general, Víctor Manuel Hernández Quintana, pesa un marcaje personal para verificar la legalidad y la eficacia de los dictámenes.
“El auditor funge legalmente como titular del órgano y hasta en tanto cuanto no se cumplan los supuestos que la misma ley establece para contemplar alguna modificación, seguirá siendo el interlocutor pero estamos vigilando su desempeño”.
Lo anterior luego de la revelación de Status en el sentido de que el despacho de Hernández Quintana fue el auditor externo del destituido edil de Tlatlauquitepec, Porfirio Loeza Aguilar.
De hecho, ya como titular del Orfise -cargo que asumió el 1 de agosto del 2007- Hernández Quintana cobró entre noviembre de ese año y diciembre del 2008, la cantidad de 125 mil pesos, según la cuenta BBVA Bancomer 00146646700.
El funcionario alega que tal cantidad se le pagó, luego de que reclamó por la vía legal el cobro correspondiente al periodo en el que él no había sido nombrado titular del Orfise. Que fue retroactivo.
Lo cierto, es que una de las condiciones para ocupar el cargo de auditor general del Órgano Superior de Fiscalización es la probidad, la cual ya ha sido más que cuestionada
Al respecto Mario Riestra confirmó que se investiga la actuación del auditor general del Órgano de Fiscalización Superior para deslindar responsabilidades.
“Por primera vez en la historia estamos fungiendo como verdadero vigilante de su actuar y así lo seguiremos siéndolo, y de encontrar irregularidades que no quepa la menor duda que las vamos a investigar a fondo con las consecuencias que esto pudiera llevar para todos los involucrados”, sentenció.
El también coordinador de la fracción parlamentaria de Acción Nacional evadió alimentar la polémica sobre una posible destitución del funcionario luego de la afirmación del diputado priista Edgar Sánchez Gómez en el sentido de que el organismo fiscalizador sigue actuando como un garrote político.
Respecto al proceso contra Porfirio Loeza Aguilar el legislador reiteró que la Comisión Inspectora actuó apegada a derecho y que el edil desaprovechó sus dos audiencias para presentar pruebas a su favor y que tampoco denunció que Hernández Quintana lo haya extorsionado como lo declaró a medios de comunicación.
“Se le garantizó el derecho de audiencia en dos ocasiones, lamentamos que en ambas ocasiones no quiso aportar evidencia alguna a su favor, se negó a responder todas las preguntas que se plantearon”, finalizó.
