El daño a los intereses personales de partidos políticos y posibles candidatos a cargos de elección popular, que desde ahora buscan nivelar el camino, ha desatado la controversia sobre el proyecto de Reforma Electoral que el gobernador Rafael Moreno Valle envió al Congreso del Estado, que fue presuntamente elaborada por el actual consejero del IFE, Virgilio Andrade, y por su ex presidente, Luis Carlos Ugalde; y que busca reformar seis artículos, adicionar uno y derogar dos de la Constitución Mexicana, mientras que en el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla la intención es reformar 45 artículos, adicionar nueve y derogar nueve.
De acuerdo a lo anunciado por el coordinador parlamentario de Acción Nacional, Mario Riestra Piña, la iniciativa será aprobada en la última sesión del segundo periodo ordinario de trabajos, es decir la próxima semana, aún sin el consenso de partidos políticos y fracciones parlamentarias ya que “sólo algunos priistas están convencidos y con eso basta pues aunque la unanimidad es deseable no siempre se puede así que basta con la mayoría”.
Hasta ahora el proyecto gubernamental aparentemente ha logrado el consenso para que la renovación de autoridades en juntas auxiliares las organice el Instituto Electoral del Estado (IEE) así como la redistritación, que deberá empezar antes de diciembre de 2011 y terminar antes de julio de 2012, pero no se coincide aún en los criterios pues el proyecto original propone índices de población que automáticamente afectará al PRI y beneficiará al PAN.
Una coincidencia más es el fortalecimiento de las facultades del árbitro de la contienda, es decir el Instituto Electoral del Estado, así como la creación de un órgano interno de fiscalización con autonomía técnica y de gestión y con facultades para auditar, fiscalizar y requerir a los partidos políticos los informes justificados que presenten el origen y destino de los recursos anuales, incluida la posibilidad de solicitar al IFE que se rompa el secreto bancario fiduciario y fiscal.
Se desaparece el voto de calidad del consejero presidente y se unifican las figuras de Secretario General y Director General en una solo figura denominada Secretaría Ejecutiva.
Un tema más son las candidaturas comunes y coaliciones para cualquier cargo de elección popular, exceptuando la representación proporcional, para esto será necesario el consentimiento de los partidos involucrados, tanto para el apoyo como para aceptación de este por parte de otros partidos para dicha candidatura así como el consentimiento del propio candidato.
En ese sentido se regula y posibilita la construcción de coaliciones parciales con el apoyo de hasta 8 diputados de mayoría relativa o de hasta 40 ayuntamientos, es decir, sin mediar coalición los partidos políticos podrán presentar al mismo candidato, pero a su vez los obligaría a obtener el dos por ciento de la votación total, de lo contrario perderían sus prerrogativas.
Otra bondad que actores políticos y dirigentes perciben es que se reduce el tiempo de transición entre la fecha de la elección de autoridades electas y la toma de posesión así como el periodo de proselitismo pues mientras que las precampañas se contemplan solo de 40 días, a las campañas se les marcan solo dos meses de actividad para reducir la polarización así como el desgaste de los electores.
Sin embargo también hay puntos en contra. Partidos como Convergencia no están de acuerdo en que si un partido pierde el registro a nivel nacional lo haga a nivel estatal, sin importar el porcentaje de votación en la entidad obtenido en última elección de referencia.
Tampoco coincide en que se contemple la posibilidad de reelección para los actuales consejeros electorales, a los que se les ampliaría el plazo a siete años ni tampoco en la figura del llamado mini gobernador, que duraría en el cargo solo 22 meses.
Al respecto la propuesta marca que en el 2018 serían renovados los tres poderes del Estado y habría concordancia para elegir diputados federales, senadores y Presidente de la República. Además, se propone que la toma de posesión de los legisladores locales sea el 15 de septiembre, la de ayuntamientos el 15 de octubre, ambas con duración de 56 meses en el cargo, es decir poco más de cuatro años y medio por única ocasión; y la de Gobernador el 14 de diciembre, todos del mismo año.
El Gobernador elegido el primer domingo de 2013 duraría, también por única ocasión, menos de dos años a fin de elegir al próximo mandatario el primer domingo de 2018.
Sobre el particular al puntualizar que la homologación de elecciones es un tema político y no electoral que deben definir solo los partidos, el consejero presidente del IEE, Jorge Sánchez Morales, refirió que un gobernador de 4 años y medio o uno de 22 meses sí está permitido toda vez que la Constitución solo prohíbe que el mandatario estatal permanezca más de seis años en el cargo.
Para el funcionario la homologación generaría considerables ahorros pues tan solo la actualización del listado nominal o del padrón electoral le cuesta a los poblanos en cada elección de 5 a 7 millones de pesos.
Sin embargo, al ofrecer un análisis de la iniciativa enviada por el Gobernador, Sánchez destacó que ya no contempla la obligatoriedad de un debate entre aspirantes a la gubernatura toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció jurisprudencia al determinar que éstos son parte de la estrategia de los partidos, y por ello no pueden ser obligatorios.
Es ahí donde radica la mayor controversia. El dirigente estatal del PAN, Juan Carlos Mondragón, reveló que estarían dispuestos a ceder para que se apruebe la reforma de Rafael Moreno Valle, sin que incluya la obligatoriedad de los debates.
“Se analiza la existencia de una posible jurisprudencia donde se señala que no se puede hacer obligatorio un debate, nuestra postura es que sí haya debates pero si legalmente se determina que no se puede obligar, pues sería ilógico plasmarlo en la ley y no tendríamos más que hacer pues hasta sería violatorio de los derechos de los candidatos”, puntualizó.
En contraste el coordinador de la bancada panista, Mario Riestra Piña, sostuvo que la pugna de todas las fracciones parlamentarias y partidos es porque sí existan debates en la reforma electoral y hasta en dos ocasiones, en la carrera por la gubernatura.
“Me parce que la postura política de todos los partidos es la de que haya por lo menos dos debates entre candidatos a Gobernador y uno entre los candidatos a diputados por el principio de mayoría. El tema de los debates es prioritario y en esta nueva vivencia de división de poderes no debe sorprender que los diputados enriquezcamos una iniciativa del ejecutivo, en este caso la obligatoriedad de los debates entrarían en ese aspecto”.
En tanto que al sostener que existe mucha discusión de los diferentes actores políticos en torno al tema, y que por ello no hay condiciones para que se apruebe la Reforma Electoral antes de que concluya el segundo periodo ordinario de sesiones, el dirigente estatal del PRD, Miguel Ángel de la Rosa, adelantó que están dispuestos a aceptar la figura de un mini-gobernador, aunque esto genere inestabilidad como ya ocurrió en Michoacán, pero que en lo que no cederán es que se impidan los debates.
Asimismo refirió que el partido del sol azteca también impulsará las figuras ciudadanas de plebiscito y referéndum, sin embargo, perredistas miembros de los distintos órganos del partido como Secretariado, Mesa Directiva, Consejo Estatal, Comisiones Estatutarias y militantes de base, rechazaron el apoyo de de la Rosa a nombre del PRD a la propuesta de reforma electoral “que pretende imponer el Gobernador Moreno Valle, principalmente lo concerniente al periodo de transición del mini gobernador con el fin de homologar los tiempos de la realización de las elecciones federales con las estatales”
La aprobación de la Reforma Electoral no debe regirse por plazos fatales consideró por su parte el diputado priista Lauro Sánchez López, al exhortar a compañeros de legislatura a agotar el diálogo y el debate y a no presionar aprobando dichas modificaciones antes de que concluya el segundo periodo.
En ese sentido aventuró la posibilidad de un periodo extraordinario para discutir en el pleno estas modificaciones en las reglas electorales, y dar tiempo para que se analice la propuestas enviada por el Gobernador y la que presentó el diputado del Partido del Trabajo, Zeferino Martínez Rodríguez.
Por separado el diputado priista Enrique Doger Guerrero reveló que su bancada está dividida por la Reforma Electoral pues no hay consenso en los temas torales, por eso respaldó la propuesta de su compañero de fracción Lauro Sánchez para que el tema se defina en un periodo extraordinario y no la próxima semana, como se ha anunciado. La sugerencia ha sido apoyada también por el coordinador de la bancada del Partido Verde, Elías Abaid Kury, ahora sólo queda saber cuál es el deseo del Gobernador.
