Una vez que el presidente de la Comisión Inspectora reveló que el ex edil de Coronango es uno de los diez que enfrentan denuncias penales por haber sustraído el programa de contabilidad del Ayuntamiento, según se detectó en el proceso de entrega-recepción, el presidente de la Comisión legislativa de Asuntos Municipales, Jesús Zaldívar Benavides, sostuvo que de existir elementos, se procederá en contra de Salvador Coyotécatl Xochimitl, pues no hay padrinazgo ni recomendación que valga para evitar sanciones por inconsistencias administrativas.
“Nosotros no hemos recibido ninguna instrucción, el Gobernador hasta este momento ha sido muy respetuoso de las decisiones que se han tomado en esta soberanía (…) lo que sí afirmo es que de comprobarse irregularidades de ex presidentes municipales, sin importar el partido del que provengan, tendremos que actuar”.
El bono democrático con el que llegó Rafael Moreno Valle se está perdiendo con actitudes como el de solapar a autoridades o ex autoridades para pagar favores electorales, consideró por su parte el diputado verde ecologista, Jesús Morales Manzo, al sostener que la Comisión Inspectora debe actuar en contra de todas las autoridades a las que se les demuestren irregularidades.
“Es una tristeza que el bono democrático con el que llega el Gobernador, y todo el movimiento de Compromiso por Puebla, desafortunadamente se está perdiendo así como la oportunidad de realizar los cambios que prometieron y que necesita Puebla”.
El ex perredista lamentó también que el Ejecutivo haya violentado la autonomía municipal al ordenar la reinstalación del secretario general de Coronango, Carlos Coyotécatl Xochimitl, a pesar de la serie de irregularidades que cometió para impedir que el cabildo actuara contra su hermano y ex edil por las anomalías financieras que se detectaron.
Los legisladores respondieron así a la revelación de La Tempestad sobre la destitución del Secretario General de Coronango y la orden que recibió el alcalde, Efraín Titla García, desde lo más alto del poder político estatal para restituirlo inmediatamente pues le dejaron muy en claro que “el tema era de interés especial para el gobernador Moreno Valle y que no quería que ningún personaje de los que lo apoyaron políticamente para ganar la elección del 4 de julio, se viera envuelto en algún tipo de escándalo”.
De no cumplir, la desobediencia sería interpretada como ruptura entre el edil y el jefe del poder Ejecutivo, con las consecuencias que ello tendría para el resto del trienio.
Por lo que Titla García no tuvo más remedio que reinstalar al funcionario y eliminar cualquier intentona de proceder jurídicamente contra su antecesor, a pesar de las irregularidades comprobadas por el propio cabildo.
