El equipo de abogados de Ricardo Henaine Mezher negó que 26 días antes del cambio de administración estatal se reinstalaron cargas de Valle Fantástico, como lo demuestra la investigación publicada el pasado lunes en Status en la Grilla.
Al ser cuestionados Xavier Olea y Rodolfo Aragón al respecto, aseguraron que no tenían conocimiento de ello y que cualquier documento que existiera diferente a la información que otorgaron en conferencia de prensa es falso.
Aragón aseguró que sólo hay dos escrituras en el litigio. La primera de 2004 donde se realiza la donación onerosa por parte del Gobierno del Estado, “no la celebra ni Melquiades Morales, ni los secretarios de estado”.
Dijo que en 2006, la escritura se perfeccionó al liberarla de las cargas, es decir la donación se vuelve perfecta por lo que el predio de 18.7 hectáreas queda como propiedad privada de la empresa Hena.
Al no encontrar el mecanismo jurídico para revocar la donación, el secretario de Servicios Legales y Defensoría Estatal, Juan Pablo Piña, falsificó firmas de cuatro pagarés a nombre de Javier Molina Casco por el concepto de 200 millones de pesos en contra de inmobiliaria Hena lo que lleva al embargo de “Valle Fantástico”, aseguró Aragón.
Este movimiento realizado la segunda quincena de 2010 llevó a los abogados de Henaine a presentar una denuncia por uso de documentos falsos y fraude por simulación ante la Procuraduría General de Justicia (PG) Estatal.
Aragón, aseguró que la denuncia prosperó en enero de 2011 “porque todavía teníamos cierto acceso a la justicia, pero en febrero le robaron el expediente al coordinador de Ministerios Públicos de Cholula, Omar Pérez (…)”. Posteriormente el Poder Estatal instruyó al Judicial para que no se librara una orden de aprehensión –contra Piña-.
Dijo que la falta de pericia del secretario de Servicios Legales lo ha llevado por el camino del juicio mercantil para recuperar por medio de personas “fantasmas” el predio de Valle Fantástico.
Olea rechazó que Henaine incumpliera en las condiciones para la donación del predio, y que pese a ello, el gobierno de Mario Marín hubiera aceptado que se modificaran las cláusulas de la escritura y se le liberara de todas las cargas.
Insistió que la principal carga directa establecida en la escritura de 2004 fue la construcción de un parque de diversiones, edificado conforme a lo establecido y cerrado cuatro años después porque la gente “dejó de ir”.
Además el abogado que llevó el caso contra Marín por el encarcelamiento en Puebla de la periodista Lydia Cacho, aseguró que su cliente no es protegido, ni amigo del “góber precioso”, con quien dijo sólo llevó una relación empresarial.
Enfatizó que el empresario pagó la cantidad de diez millones de pesos por el predio lo que demuestra que no fue un regalo; además de señalar que los funcionarios morenovallistas son ignorantes.
También reconoció la posibilidad de que el equipo de futbol Puebla de La Franja sea trasladado a otro estado.
“Pero si siguen todas las intenciones dolosas del gobernador Moreno Valle, del secretario de Gobernación, y del famosísimo y sedicente abogado Juan Pablo Piña, entonces él- Henaine- ya valorará si se lleva su equipo a otra entidad federativa. Es su equipo, es socio mayoritario y puede hacer lo que quiera con él al final del torneo. Ahora, la intención es no llevarse el equipo de Puebla, pero si al gobernador le gustan seguramente las ‘pipis y gañas’ y no el futbol, entonces que él ponga en el Estadio Cuauhtémoc un espejo”, ironizó Olea.
Los abogados confirmaron que presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del gobernador, Rafael Moreno Valle; los secretarios de Servicios Legales, Juan Pablo Piña, del secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla y contra el juez penal y civil de San Andrés Cholula. Los supuestos delitos cometidos por el gabinete morenovallista son las amenazas, tráfico de influencia y de poder.
Al cuestionar al director del Fideicomiso de la Reserva Territorial Atlixcáyotl- Quetzalcóatl (RTAQ) Pedro Plaza, dijo que el acuerdo realizado entre todos los funcionarios de estado implicados en el tema es que no se hable en los medios para evitar que el empresario se blinde jurídicamente.
