El Pleno de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) encabezado por la Comisionada Presidenta Blanca Lilia Ibarra Cadena, así como los Comisionados José Luis Javier Fregoso Sánchez y Samuel Rangel Rodríguez; se reunió con el Diputado José Guillermo 
Aréchiga Santamaría, Presidente de la Gran Comisión y con la Diputada Josefina Buxadé Castelán, Presidenta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, ambos del H. Congreso del Estado, con el fin de hacer entrega de un conjunto de documentos que contienen propuestas que, a juicio de los Comisionados, podrían considerarse para las mejoras que requiere la legislación en materia de transparencia y acceso a la información.
Los documentos contienen:
Consideraciones para la Reforma de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, con el que se pretende someter a análisis diferentes recomendaciones que podrían ser tomadas en cuenta, en la búsqueda de gestiones cada vez mas transparentes y el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información.
Consideraciones a la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2011. A través de este documento se pretende someter a estudio tres aspectos fundamentales que inhiben el derecho de acceso a la información: las altas cuotas de la reproducción de la información, la expedición de copia certificada como única modalidad de la información comprobatoria del gasto y la necesidad de entregar el RFC o su equivalente estatal o, en su caso, la CURP para la entrega de la información.
Justificación para crear una ley de datos personales, ya que si bien existe un capítulo en la ley vigente relativa a la protección de los datos personales y a los datos de la vida privada, resulta necesaria la creación de un marco normativo exclusivo para este tema como un derecho fundamental y no como una excepción al derecho de acceso a la información.
Estos documentos pretenden, en estricto respeto a las funciones propias de los legisladores, sumar esfuerzos con el Honorable Congreso del Estado para contribuir a alcanzar los objetivos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, tales como la democratización de la sociedad y la plena vigencia del Estado de derecho, a través del fortalecimiento del marco normativo.
