Las facturas en política más tarde que temprano se pagan.
La Iglesia Católica se mantuvo fiel al discurso de la gobernabilidad en plena crisis del escándalo de Lydia Cacho y jamás se sumó a los opositores que exigían la salida del gobernador Mario Marín Torres.
Rosendo Huesca jugó un papel clave como representante de uno de los grupos fácticos de poder con influencia de masas.
¿Y si los templos hubieran cerrado en señal de protesta por la inconformidad social que despertó el escándalo nacional que incluso llevó a Marín a colocarse con una calificación de tres?.
Las tentaciones estuvieron ahí, pero la Iglesia Católica optó por bajar el perfil y dejar que fuera la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que resolviera el caso.
Ya pasaron 16 meses de aquel fallo absolutorio del mandatario y ahora que se registra el relevo en la arquidiócesis de Puebla con la llegada de Víctor Sánchez empezó el pago de facturas.
El interés de la Iglesia Católica es impedir reformas legales que incluyeran la despenalización del aborto, el matrimonio entre personas del mismo género y la muerte asistida.
Puebla es considerada como una de las entidades más conservadoras del país e incluso va a contracorriente de los cambios legislativos en el país referentes a tales temas.
Sin duda se midieron los costos políticos de polarizar a la sociedad con los casos del aborto, matrimonio entre personas del mismo género y la muerte asistida, sobre todo en un año electoral.
Hay que reconocer que toda ejecución del trabajo sucio radica en el uso oportuno de un tonto útil y qué mejor el líder blandengue del Congreso, Tontón Bailleres, quien se colocó en el ojo del huracán al asumir la reforma, incluso con sus propios compañeros del partido.
Se aprovechó el renglón de asuntos generales para turnar la reforma legal y enviar un cambio al sacrificable artículo 18 de la Constitución local para establecer un formato único de familia.
Las críticas no se hicieron esperar. Los grupos de género (hombres y mujeres) se fueron contra la visión sectaria, parcial, fascista, excluyente y demás yerbas de una sociedad plural donde no se requiere de la convivencia de marido y mujer para existir.
El debate se circunscribió a la forma y no al fondo.
Y es que el dictamen de la Comisión de Gobernación le dio gusto a las voces críticas con agregar la “s” a la palabra familia.
Sin embargo, el aborto, el matrimonio entre personas del mismo género y la muerte asistida se fueron a la congeladora.
Ya vendrán otros tiempos, pero en electorales jamás.
Se salieron con la suya.
¿El crimen perfecto?.
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