Tras la intervención del CEN del PRI, y de las presiones de diversos grupos sociales, legisladores locales recularon en su intención de reformar el capítulo V de la Constitución, en el que se reconocía como familia sólo al vínculo formado por el matrimonio civil entre un hombre y una mujer. Sin embargo, mantuvieron sin cambios la fracción IV del artículo 26 en la que se establece que el Estado “debe proteger la vida humana desde el momento de la concepción hasta la muerte natural”, dejando fuera toda posibilidad de despenalización del aborto así como la muerte asistida.
