Cuando un gobernante protesta “cumplir y hacer cumplir las Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado Libre y Soberano de Puebla, y las leyes que de ellas emanan”, no se limita a acatar un formalismo, sino que se compromete jurídicamente con los gobernados a ajustar su actuar gubernamental al marco legal, más allá de caprichos personales o de retóricas populistas.
La Constitución federal es muy clara al señalar que al ser fijados los salarios de los servidores públicos en los presupuestos respectivos, su cuantía no puede ser disminuida durante la vigencia de éstos. También señala que nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial.
Más aún, existen tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que califican como falta de probidad y honradez el hecho de reducir los salarios, pues con ello el patrón se está apartando de una de las obligaciones que tiene a cargo, como lo es el pago del salario pactado.
Todo esto viene a colación por la franca molestia de decenas de coordinadores, directores generales y directores de área del Gobierno del Estado que el pasado viernes 13 vieron como se hizo efectivo el anuncio del Gobernador de reducir sus sueldos en un 10%. Reducción que además se hizo retroactiva al 1 de febrero.
Nadie discute que el impacto mediático de esta disposición deja bien parado al gobierno frente a los ciudadanos. Pero lo que genera molestia es el hecho de que se anuncie esa reducción como una medicina para aliviar la crisis económica, que es mundial. ¿Realmente la reducción en 10% del sueldo de los funcionarios va a permitir que Puebla se libre del colapso económico internacional?
¿Resulta válido que un gobernante violente las disposiciones jurídicas contenidas en la Carta Magna, a cambio de un posicionamiento mediático? ¿Y el presupuesto de egresos 2009 aprobado por el Congreso del Estado vale lo que un cacahuate?
Y fíjese que como afectados de esta reducción no hablamos de los secretarios de despacho, ni de los subsecretarios, que cuentan con canonjías muy por arriba de cualquier mortal. La queja viene de los mandos medios, de esos que viven al día y que ahora no solo ven disminuido su poder adquisitivo por la inflación y la crisis, sino además por un capricho mediático que ni siquiera tendrá una repercusión efectiva en las finanzas estatales.
Lo peor para el Gobierno del Estado no es que esta decisión lo deja muy mal parado como garante de la legalidad, sino que además, como ya lo anticipábamos en otra entrega, lo deja muy vulnerable, pues esos funcionarios a los que se les encarga meter la basura debajo de la alfombra; a los que se les obliga a firmar para “no comprometer al jefe”; a los que se les pide que hagan trabajo voluntario los fines de semana a favor del partido en el poder; a los que se les exigen sus cuotas mensuales para el partidazo; a los que se les enjaretan boletos de la Buap; donativos para la Cruz Roja; donativos para el grupo de voluntarias de las esposas de los señores secretarios; a los que se les piden sus cooperaciones económicas para las fiestas de cumpleaños de los ministros; esos funcionarios, que ahora ven su realidad económica más negra que la mayoría de los poblanos están convencidos de que ahora que su cartera está más apretada, su lengua estará más floja. Y conste que en épocas electorales y de sucesión, esa información que ellos tienen pesa, y mucho.
¿Qué necesidad de tanto brinco, estando el suelo tan parejo? ¿De quién fue la genial idea?
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