SEGUNDA PARTE
Una red de corrupción en los tribunales que permite despojos, amenazas y otros delitos para hacerse de las tierras.
Lomas de Angelópolis es un elegante fraccionamiento que se desarrolla sobre tierras que se han adquirido, en gran parte, mediante prácticas delictivas que ponen en evidencia a toda una red de impunidad y corrupción que involucra a magistrados, jueces, notarios, agentes del ministerio público, autoridades municipales y personajes de la política.
Desde hace varios años, se han suscitado una serie de procesos judiciales ilegales que siguiendo un mismo patrón de conducta han terminado en que diversos predios han sido incorporados a dicho fraccionamiento después de que aparecen escrituras que, emitidas dolosamente, suplantan indebidamente a anteriores títulos de propiedad, muchos de ellos de campesinos de San Andrés Cholula sobre quienes se han cometido tremendos abusos con la complicidad de diversas autoridades.
Al proliferar los casos de despojo y los abusos sobre numerosas personas, se ha investigado sobre el asunto encontrándose que los expedientes judiciales muestran un patrón de conducta mediante el cual, usando las mismas triquiñuelas, se han ido adquiriendo los predios sobre los que se desarrolla el enorme fraccionamiento Lomas de Angelópolis.
Adicionalmente, las escrituras mediante las que se inician procesos penales contra los campesinos, a quienes además de quitarles sus tierras se les acusa de diversos delitos y se les encarcela o persigue, provienen de las mismas notarías y los amañados procesos judiciales son instrumentados de la misma manera.
Algunos casos son los de José Cruz Joaquín Mitznahuatl Cuatzo, acusado de robo, despojo de tierras y daño en propiedad ajena, delitos por los que no alcanza fianza; Andrés Clemente Chantes Adrián anciano sordomudo de mas de 80 años a quien buscaron despojar de 20 mil metros cuadrados y la Sra. Alma Sánchez Cruz propietaria de 6.3 hectáreas dentro del fraccionamiento Lomas de Angelópolis, predios de los cuales casualmente tienen también escrituras los propietarios del fraccionamiento.
Por defender sus terrenos la Sra. Sánchez Cruz enfrenta actualmente el proceso 153-06 y la denuncia penal 1775/2005, acusada de despojo, pero estas personas saben con quien se meten y así aunque la Sra. Sánchez Cruz vendió terrenos al juez federal Jorge González Álvarez y al regidor del Ayuntamiento de Puebla Humberto Vázquez Arroyo sus propiedades fueron respetadas y no fueron incluidas en la denuncia de despojo.
Maurilio Galeote Mixcoatl dirigente del Movimiento de Pueblos Cholultecas solicitó una entrevista directa con el gobernador Marín para que les ayude a frenar las presiones y voracidad de estos delincuentes, acusando también que estas personas siempre evitan dar la cara y usan a terceras personas como José Manuel Ortega Cerecedo, Máximo Cuaya Marcos, Hilaria Xontle Coyotl, Adriana Vázquez Delgadillo y unos seudoabogados llamados José Luis Tepanecatl Mani y Gustavo Xochitecatlmacuil para que presenten denuncias falsas para presionar y amedrentar a quienes pretenden despojar.
Otra denuncia la realizaron 65 familias de Sn. Antonio Cacalotepec quienes no recibieron el pago a que se habían comprometido los especuladores, cantidad superior a los 30 millones de pesos. Así lo denunció Javier Hernández Román presidente de la Asociación Civil en Defensa de los Derechos de Ejidatarios y Posesionarios de Tierras.
En coincidencia con los casos reseñados también manifestó que los propietarios del fraccionamiento y sus empleados intimidan a las familias para que vendan sus terrenos, los presionan en sus propias casas diciéndoles que sus terrenos serán expropiados aprovechándose de la ignorancia de los campesinos.
Adicionalmente, lo que este fraccionamiento ha pagado por concepto de diversas licencias y derechos, presenta un déficit de más de cien millones de pesos que han dejado de ingresar a las arcas de San Andrés Cholula, debido a los sobornos sobre funcionarios de ese municipio.
El asunto pone al descubierto prácticas delictivas y redes de corrupción e impunidad que comprometen a personajes y funcionarios públicos y se suma a otros casos que han tenido repercusiones nacionales. Se prosiguen investigaciones que pueden derivar en uno de los mayores escándalos inmobiliarios en el país.
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