Más allá de la benevolencia mediática, de la promoción oficial, y de los poco creíbles mensajes de que ahora sí, todo va a cambiar, la asamblea del Consejo Nacional de Seguridad celebrada el jueves pasado deja un terrible sentimiento de desolación.
Y es que, los acuerdos a los que llegaron los tres poderes de gobierno, en sus tres niveles, son el reconocimiento más claro y explícito de la debilidad institucional que priva en el país.
El mensaje es claro y no deja lugar a dudas: nuestras autoridades no sólo han fallado rotundamente en su tarea principal, que es la de trabajar para generar condiciones que puedan garantizar la seguridad personal y material de la mayoría de los ciudadanos, sino que además, ha traicionado arteramente esta misión vendiéndose a esos de los que nos tendrían que proteger.
Un análisis breve de los acuerdos alcanzados nos enseñan que en materia de legalidad, respeto al estado de derecho y certeza jurídica, no sólo hemos avanzado muy poco, sino que falta casi todo por hacer.
Se plantearon como objetivos a cumplir cuestiones básicas de funcionamiento institucional que por un lado nos hacen entender el por qué hoy son los diferentes grupos de la delincuencia organizada los que mandan en el país, pero que a la vez nos muestran lo indefensos que estamos ante la embestida de estos.
Ejemplos sobran.
El caso del Poder Judicial, para empezar.
De acuerdo con el documento final, “deberá hacer más transparente el desempeño de sus órganos, instalar nuevos juzgados y tribunales federales, establecer juzgados de control con jurisdicción en todo el país para responder rápidamente a peticiones de autoridades en órdenes de cateo o de presentación”.
“Debe favorecer la celeridad en los procesos, fortalecer la autonomía y la imparcialidad de jueces y magistrados, además de brindar seguridad para evitar que el poder de la delincuencia y las amenazas afecten sus decisiones”.
“Tendrá la obligación de fortalecer los mecanismos de selección de jueces y magistrados, intensificar la capacitación de jueces en materia penal y continuar con la preparación de quienes se encargarán de los menores infractores”.
“Fortalecer el control de los procesados y sistematizar la información judicial para una mejor coordinación entre autoridades”.
¿Todo eso?
¿No se supone que varios de estos compromisos son su tarea cotidiana y que inclusive los vende hasta el cansancio en los diferentes spots publicitarios que pauta en la televisión nacional?
Por su parte, el gobierno federal “fortalecerá a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) con recursos y capacitación, así como fortalecer el sistema de denuncia contra la corrupción de funcionarios”.
“Crear módulos para el registro y el combate a los secuestros, además de desarrollar el uso de tecnología para el intercambio de información contra la delincuencia”.
“También se deberán implementar campañas para fortalecer la cultura de la legalidad, incluir en los programas de estudio la legalidad, el combate a las adicciones, los derechos humanos y la transparencia”.
Nuevamente, muchos de estos puntos se venden como logros alcanzados del gobierno federal en su publicidad oficial.
La cereza del pastel son los estados.
Según el documento final de la Asamblea, las entidades federativas “estarán obligados a depurar y fortalecer a las instituciones de seguridad; las procuradurías se comprometen a mejorar los procesos de selección de elementos y mandos, mientras que los gobernadores deberán etiquetar la asignación de recursos a funciones de seguridad pública”.
“Deberán replicar el sistema de control de confianza, reasignar partidas y recursos para la seguridad pública, además de crear unidades especializadas para desarticular bandas de secuestradores e intercambiar información al respecto, así como establecer indicadores de medición de desempeño de las dependencias y los funcionarios públicos”.
¿No se supone que ya se hace lo anterior, que son obligaciones primordiales de quienes nos gobiernan y que son utilizados como materia prima para el siempre demagógico discurso oficial?
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