Por Valentín Varillas
Pues ahora, resulta que siempre no.
La Fiscalía General de la República ha exonerado de manera definitiva a Ricardo Anaya, por un supuesto delito de lavado de dinero.
Esta medida, trascendió, se dio un par de días antes de que Enrique Peña Nieto dejara la presidencia de la República.
No es un tema menor.
Se trató de un misil enviado desde lo más alto del poder político nacional para minar la campaña del candidato de la derecha.
La institución, en plena coyuntura electoral, aseguraba tener todos, absolutamente todos los elementos para probar la culpabilidad del abanderado blanquiazul.
Nunca fue así.
La etiqueta de corrupto fue un pesado lastre que jamás pudo quitarse Anaya.
Lo convirtieron -política y mediáticamente- en el arquetipo de la corrupción enquistada en los partidos y en el servicio público nacionales.
Esto, sin duda, tuvo consecuencias en el desempeño del queretano en la más reciente contienda presidencial.
No estoy diciendo con esto, que sin el escándalo le hubiera alcanzado para descarrilar a un López Obrador que fue puntero indiscutible de principio a fin, pero sin duda, Acción Nacional hubiera tenido un candidato mucho más competitivo, de no haber existido consigna.
Ahora, la pregunta obligada es ¿por qué o para qué se armó semejante montaje?
La respuesta más probable a este cuestionamiento tendría que ver con un virtual pacto de impunidad, otro más, entre el que se va y el que llega.
Se trata de una costumbre muy arraigada entre la clase política nacional, que ha marcado las transiciones de gobierno en los últimos sexenios.
Y es que, el ahora presidente se ha mostrado muy reacio a abrir la Caja de Pandora de la corrupción que caracterizó el regreso del PRI a la jefatura del ejecutivo federal.
Elementos hay de sobra.
Escudado en una ausencia de rencores, en no ser un hombre de venganzas, López Obrador se ha convertido en un cómplice implícito del saqueo a la nación, que llevó a cabo esta auténtica pandilla que gobernó al país los últimos seis años.
Hoy, a ninguno de ellos se le toca siquiera con una crítica directa.
Mucho menos con una carpeta de investigación.
Me refiero, por supuesto a los peces gordos.
A quienes se enriquecieron impunemente por los desvíos directos de recursos públicos o bien con los apetitosos negocios que hicieron al amparo de sus cargos.
La segunda opción, la menos probable, es que el presidente y su grupo hubieran leído mal la realidad política de ese momento y pensaran seriamente que, descarrilando a Anaya, José Antonio Meade tendría elementos para pelearle el triunfo a Andrés Manuel.
Que Peña se hubiera obnubilado y que de plano no viera el enorme rechazo a la marca PRI a lo largo y ancho del territorio nacional, el repudio generalizado a actos de corrupción en donde están involucrados funcionarios públicos de alto nivel e influencia en el gabinete y la pésima popularidad que tenía como jefe del ejecutivo federal, al ser reprobado por 8 de 10 mexicanos.
No lo creo.
El presidente sabía que iban a perder y por madriza.
Por eso, en términos de estrategia electoral, lo inteligente hubiera sido contar con un Plan B efectivo, que ante la debacle del candidato oficial pudiera plantarle cara al enemigo a vencer y no orquestar un complot institucional para afectarlo políticamente.
No lo hizo así.
Al contrario.
Y ahora ¿qué sigue?
¿Cómo le harán para resarcir el nombre y la reputación de quien, sin elementos de prueba, fue señalado, exhibido, fustigado y perseguido por el estado mexicano?
¿Saldrán ahora con su tradicional e inútil “usted disculpe”?
Ya no alcanza.
No si queremos que este país deje de verse bajo la óptica de héroes y villanos y transite a uno de leyes, en donde el estado de derecho y no las consignas sea quien determine estas etiquetas.
