Por Shanik David
Los elementos del Ejército que participaron en el operativo de Palmarito Tochapan del 3 de mayo de 2017 sí incurrieron en una ejecución arbitraria de dos personas vinculadas, presuntamente, con el robo de combustible.
Esto lo sentenció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dentro de la recomendación 12VG/2018 por las violaciones graves a los derechos humanos en las que incurrieron no sólo los funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sino también los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP) y otras autoridades del estado de Puebla.
Dentro de la recomendación además se indica que hubo manipulación del lugar de los hechos, pues una de las víctimas fatales fue cambiada de lugar mientras que a otra se le colocaron armas largas “deliberadamente”.
Sin embargo, el organismo federal señaló que no es posible identificar quiénes fueron los servidores públicos responsables de esto pero que “se encontraban presentes en los hechos, elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad Pública”.
Las irregularidades no concluyeron ahí, pues también se detectó que las necropsias hechas por peritos adscritos al Tribunal Superior de Justicia del estado no se realizaron de manera adecuada y se manipularon los resultados, sin que la CNDH haga una valoración de por qué no se reportó de manera adecuada el resultado de los estudios médicos hechos a las personas muertas en este enfrentamiento.
También se registraron violaciones a los derechos fundamentales de las 12 personas detenidas, pues recibieron tratos crueles, incluidos tres menores de edad.
Llama la atención que dentro de la recomendación, la CNDH hace una mención especial sobre las deficiencias que se tienen en el estado de Puebla en el combate del robo de combustible y cómo la mala actuación de las autoridades fomentan la impunidad.
Por un lado se menciona que cuando se detienen a personas por robo de combustible, en la mayoría de los casos “ no son puestos a disposición de la instancia de procuración de justicia competente y, en
otros, a pesar de iniciarse las indagatorias respectivas, no se judicializan, lo que provoca que los indiciados no sean sujetos a proceso a fin de que se deslinden las responsabilidades penales correspondientes”.
Además, señala que en las investigaciones hechas se recabaron testimonios de la vinculación de elementos de las corporaciones de seguridad con los grupos delictivos, lo cual tendría que ser investigado por el ministerio público federal que lleva a cabo las pesquisas de los hechos de Palmarito Tochapan.
De este modo, dentro de las recomendaciones, se le solicita al gobernador José Antonio Gali Fayad y al titular de la Sedena la reparación integral del daño, incluyendo indemnizaciones, asistencia médica y psicológica de las víctimas, y que se colabore con las investigaciones que se han abierto al respecto, en particular en contra de los funcionarios que manipularon los cuerpos de las víctimas.
Además en particular al gobernador se le pide que se implementen acciones efectivas para combatir el robo de combustible en el Triángulo Rojo, atendiendo los problemas de desempleo, pobreza, desigualdad, incidencia delictiva, falta de acceso a servicios de salud, agua y vivienda, que se vive en estas zonas.
También se le pide que se mejoren los procesos de selección de policías, y que se abran procesos a los uniformados estatales que participaron en los hechos.
En la recomendación además se le pide a la Fiscalía General del Estado que se continúen con los procesos abiertos por estos hechos; además que se integren y determinen a la brevedad las carpetas de investigación relacionadas con robo de combustible para evitar que estos hechos queden impunes.
