Por Valentín Varillas
Un personaje con amplísima experiencia en las finanzas públicas nacionales, al más alto nivel, poblano por cierto, le recomendó a la burbuja lopezobradorista abrir los fideicomisos hechos por los distintos niveles de gobierno e instancias de la administración pública federal, como estrategia para la obtención inmediata de recursos.
Según el propio presidente electo, existe una necesidad presupuestal de más de 500 mil millones de pesos para echar a andar los planes y proyectos prioritarios del primer año de su administración.
El dinero potencialmente recuperable de estos esquemas puede cubrir las necesidades y alcanzar incluso para más.
De ahí el valor de la estrategia.
Llevarla a cabo, sin embargo, supondría enfrentarse a importantes personajes de la política y el servicio público, actuales y del pasado reciente, quienes utilizaron los fideicomisos como vía efectiva para desviar recursos públicos y enriquecerse en lo personal.
Según datos del Centro de Análisis e Investigación Fundar, en México existen 337 fideicomisos públicos a nivel federal, sin estructura administrativa y que tienen un capital disponible de más de 772 mil millones de pesos.
Según el centro, únicamente 19 tienen una estructura “que permite su fiscalización y seguimiento”.
Y agrega:
“…al 31 de diciembre de 2017, al menos 139 de los fideicomisos con recursos públicos están constituidos en instituciones financieras privadas, por lo que más de 69 mil mdp son imposibles de fiscalizar, ya que su información está protegida por el secreto fiduciario y el principio de confidencialidad”.
En su reporte “Fideicomisos en México. El arte de desaparecer dinero público”, Fundar demuestra cómo, históricamente, este mecanismo ha sido utilizado con absoluta opacidad, a pesar de las cantidades millonarias de recursos públicos que manejan y cómo el legislativo federal ha sido cómplice al aprobar sobre-ejercicios presupuestales con los que se fondean los fideicomisos.
“… desde 2013 se han registrado sobreejercicios importantes en los recursos destinados a Fideicomisos en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Para 2017 el monto aprobado fue de 42 mil 737 mdp y al cierre del año se ejercieron 310 mil 637 mdp, lo que significa que se gastaron 267 mil 900 mdp más de lo aprobado por el Congreso sin ninguna explicación”.
El poder recuperar parte del dinero que discrecionalmente se maneja a través de los fideicomisos representa para el presidente electo una medida que podría traerle varios beneficios.
De entrada, congruencia en la tan anunciada cruzada en contra de la corrupción oficial y además, una fuente de recursos inmediata que puede ser fundamental para empezar a cumplir las muchas y muy ambiciosas promesas hechas en campaña .
De esta manera podría acallar aquellas voces que con estridencia pronostican el fracaso de su sexenio.
¿Habrá la voluntad?
