Por Shanik David
La Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada por Víctor Carrancá Bourget se posicionó como la peor en todo el país al presentar retrocesos en cuanto al número de ministerios públicos, presupuesto, impunidad y efectividad.
Además, se estima que sólo 1.01 por ciento de los delitos que se cometen en la entidad tienen probabilidades de ser denunciados, investigados y sancionados.
Esto se desprende del Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías 2018, elaborado por la organización Impunidad Cero, donde se refleja que Puebla tuvo un puntaje de 29.84 en una escala de 100, con lo cual pasó del penúltimo al último lugar.
Uno de los aspectos que más llama la atención en el informe es que el estado pasó de tener 4.3 ministerios públicos por cada 100 mil habitantes a 2.5, lo que representa una reducción del 41.86 por ciento.
Este asunto fue retomado por los candidatos en el actual proceso electoral, quienes se comprometieron en abrir más oficinas del ministerio público en el estado, pues en los últimos años ha sido constante el cierre de éstas a pesar del impacto que esto puede llegara tener en la procuración de justicia.
Es más, el indicador de Puebla, que se encuentra en segundo lugar nacional con menos ministerios públicos a nivel nacional, contrasta con Chihuahua que se encuentra a la cabeza en este rubro con 24.8 oficinas por cada 100 mil habitantes, es decir 10 veces más que en el territorio poblano.
A esto se suma que en la entidad hay 11.3 policías ministeriales por cada 100 mil habitantes, siendo el segundo indicador a nivel nacional más bajo sólo por debajo de Veracruz.
También se reporta que Puebla no sólo se encuentra en segundo lugar en relación al presupuesto per capitá para la Fiscalía, con 127.46 pesos, sino que esto implica una reducción de poco más de un peso en un año, pues en 2017 se destinaron 128.52 pesos.
Otro aspecto que llama la atención es que se estima que sólo se cumplió con el 48.7 por ciento de las órdenes de aprehensión que se giraron, lo que implica una baja en relación al 62.1 por ciento registrado en 2017.
Esto impacta en el nivel de impunidad de los homicidios intencionales, pues se estima que cuatro de cada cinco de estos delitos (82.93 por ciento) no son castigados.
Por el contrario se tuvieron avances en algunos rubros, como el tiempo de espera para denunciar un delito; mientras que en 2017 se tenía un promedio de 206.59 minutos, en el reporte más reciente se llegó a 200.84 minutos.
Sin embargo, esta espera de tres horas con 20 minutos es la tercera más larga a nivel nacional, por debajo de Sonora y el Estado de México.
