Por Valentín Varillas
No, en Puebla no se vive el mejor ambiente social de cara al proceso electoral de julio próximo.
Los embates de la delincuencia común y organizada son cada vez más intensos y parecen no dar tregua a autoridades y sociedad.
Una, negando obsesivamente la realidad a todas luces contundente.
La otra, harta de la incapacidad oficial y de tener que enfrentar sola a quienes atentan en contra de su integridad y la de sus bienes.
Asaltos, robos, secuestros, extorsiones, por un lado.
Ejecutados, balaceras, disputa por territorios para controlar actividades criminales, por el otro.
Por si fuera poco, el peso de los poderes de facto ya se siente también directamente en la arena electoral.
El asesinato de autoridades democráticamente electas en la recta final de su mandato es un mensaje claro, contundente, de su presencia y alta influencia en distintas comunidades del estado.
La presión de personeros del crimen organizado sobre los partidos políticos para quedarse con candidaturas a cargos de elección popular y así apostarle a seguir gozando del paraíso de impunidad que les ha permitido hacer negocios millonarios con la complicidad oficial, es evidente.
Algunos de estos casos se han ventilado de forma pública y seguramente muchos más pasarán desapercibidos.
Y lo peor, apenas empieza la contienda federal y los candidatos han manifestado que ya son amenazados por criminales por el simple hecho de competir en este proceso y ejercer sus derechos políticos elementales.
¿Cuántos faltan?
Las campañas de quienes aspiran a una posición local ni siquiera arrancan de manera oficial, por lo que los casos pueden crecer de manera exponencial, fácilmente y en corto plazo.
La situación es por naturaleza grave y se complica mucho más con la postura de absoluta indiferencia que han mostrado la Secretaría General de Gobierno y su titular, Diódoro Carrasco.
Sí, la dependencia encargada de la gobernabilidad del estado y el mal llamado “jefe del gabinete” han minimizado una realidad preocupante que, si no atiende a tiempo, puede fácilmente convertirse en una catástrofe.
La inmovilidad oficial no abona a que los poblanos podamos salir a votar de manera tranquila, sin miedo a ser víctimas de algún acto delictivo o algún hecho de violencia.
El tema preocupa.
Y es que, la historia nos ha enseñado que hay quienes resultan beneficiados concretamente de un escenario socialmente complicado en una coyuntura electoral en específico.
Menos gente en las urnas privilegia el status quo de quienes hoy pertenecen al grupo hegemónico en el poder.
Para ellos, el peor escenario es que haya un proceso mayoritariamente participativo el primer domingo de julio.
Sin embargo, los saldos de jugar con fuego pueden ser terribles.
Sobre todo, partiendo del hecho de que ellos mismos han fracasado rotundamente en la aplicación de su estrategia de seguridad y mantenimiento de la paz social en el estado.
El efecto boomerang sería demoledor, pero todo parece indicar que seguirán la misma estrategia de siempre: la de que el fin justifica los medios y que amarrar la continuidad por un sexenio más, bien vale permitir que el estado se incendie.
Sí, todavía más.
