Por Valentín Varillas
Juran los enterados que uno de los principales argumentos con los que los operadores de Rafael Moreno Valle intentaron convencer a Eduardo Rivera de olvidar agravios del pasado y aceptar la candidatura al gobierno de la capital, en fórmula con Martha Erika Alonso, tiene relación directa con el proceso legal que el Congreso del estado inició en contra de quien fuera alcalde de Puebla.
La oferta fue concreta y en el papel “muy atractiva”.
Si Eduardo decidía aliarse al morenovallismo, aparecerían, como por arte de magia, siete cajas con documentos que justifican la mayoría de las observaciones hechas por el legislativo local en su contra, lo que echaría por tierra el tema de la inhabilitación y la multa económica impuestas por los diputados al servicio de RMV.
Así como lo lee.
Una burda fuga de documentos oficiales que, de haberse tomado en cuenta en su momento, tal y como lo marcan la ley y los procedimientos que norman la revisión de cuentas públicas de los sujetos obligados, jugarían a favor del panista y que lo hubieran metido de lleno a la puja por una candidatura, sin la necesidad de recurrir a la negociación política.
No es difícil concluir.
El manejo discrecional de esta documentación, además de ser un delito, comprueba la consigna armada desde lo más alto del poder político poblano en contra de Rivera Pérez.
Es evidente la implicación de poderosos e influyentes personajes de la vida pública local en esta auténtica cacería de brujas, quienes en su afán de seguir órdenes, no tuvieron empacho en usar y abusar de las instituciones del Estado, con tal de llevar a cabo una vendetta personal.
También, por lógica elemental, podemos concluir que permanecerán impunes por los siglos de los siglos, dejando la puerta abierta a que casos como estos sigan siendo el pan nuestro de cada día en nuestra cada vez mas deficiente democracia poblana.
No sorprende: este es y ha sido el sello de la casa.
Lo que sí sorprende es que, sabedor de este tipo de artimañas, Lalo haya aceptado la candidatura que le ofrecieron, politizando aún más un asunto que ya de por sí tenía implicaciones electorales muy claras.
El caso Rivera jamás fue un tema que tuviera que ver con la aplicación de la ley y el respeto al estado de derecho.
Sí, la revisión de cuentas públicas sigue siendo, ha sido y será, el garrote político por excelencia.
La forma más efectiva de lograr impunidad para los amigos y ajustar cuentas con el enemigo.
Algo que, sobra decirlo, siempre será negado en el discurso, pero que en los hechos se
comprueba muy frecuentemente con estos casos de la vida real.
