Por Shanik David
Aunque fue desde finales de octubre que la Auditoría Superior del Estado se desistió de la queja que tenía suspendido el juicio de amparo que presentó el exalcalde de Puebla Eduardo Rivera Pérez en contra de la sanción que se le imputó por supuestas irregularidades en su cuenta pública de 2013, fue hasta el 1 de diciembre que se reactivó de manera oficial el proceso jurídico.
Fue el pasado viernes cuando el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y Juicios Federales recibió la notificación formal por medio de la cual el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa declaró sin materia la queja que presentó la ASE en contra de uno de los autos dictados dentro del juicio 943/2017.
La presentación de esta queja, la cual al final se desechó por solicitud expresa de la Auditoría, provocó que el juicio de Rivera Pérez -el cual va en contra tanto de la sanción que le impusieron los diputados locales como las anomalías que se dieron en el transcurso del estudio de su cuenta pública- se retrasara cerca de cuatro meses.
Pese a este retraso y la freno temporal del proceso jurídico, no se afectó la suspensión definitiva que se dictó a favor del exalcalde, con lo cual quedaron a salvo sus derechos político-electorales, por lo que incluso si el juicio se aplazara más tiempo esto no impediría a Rivera Pérez registrarse para contender en la elección del próximo año.
En el acuerdo emitido por el Juzgado -el cual se publicó este lunes- además se establece que la audiencia constitucional quedó fijada para el 2 de octubre de 2018, y a partir de esa fecha corre un período de tres meses para que el juez dicte la sentencia definitiva en el juicio de amparo.
Esto implicaría que, a menos de que se presenten otras impugnaciones en el proceso jurídico, sería a más tardar los primeros días de abril cuando se tenga definida la situación legal del expresidente del municipio de Puebla.
Con la reactivación del proceso jurídico además se regresó al estudio de la solicitud de ampliación del juicio de amparo que presentó Rivera Pérez el 4 de agosto -días antes de la suspensión-, por medio de la cual requería que se incluyera como autoridad señalada a la Dirección Jurídica de Substanciación de la ASE.
Al respecto, el juez dio un plazo de tres días para que dicha dirección presente su informe justificado, pues si bien el proceso quedó en suspenso, desde mediados de agosto se le notificó que era necesario que entregara información relacionada con el juicio, y que “si a la presente fecha en que se reanuda el procedimiento (uno de diciembre de dos mil diecisiete), han transcurrido más de ciento dos días aproximadamente -el cual se estima un tiempo suficiente para la preparación del informe requerido y el fotocopiado de la totalidad de las constancias relativas a los actos reclamados-”.
