Por Shanik David
A raíz de las denuncias hechas por las regidoras de Tecamachalco sobre las agresiones y abusos ejercidos por el alcalde Inés Saturnino López Ponce, así como las pruebas que se tienen acerca de estos hechos, la diputada Socorro Quezada Tiempo solicitó desde la tribuna del Congreso del Estado que se inicie un proceso para remover del cargo al presidente emanado del Partido Acción Nacional.
En el punto de acuerdo, el cual será analizado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, la legisladora detalla todos los excesos ejercidos por López Ponce y funcionarios cercanos a él hacia las regidoras Ruth Zárate y Ruth Rodríguez,a manera de evidenciar las violaciones a sus derechos humanos que han sufrido.
Este argumento es la clave de la solicitud de la legisladora, pues dado que no hay una legislación que sancione la violencia política en el estado, citó que de acuerdo con los lineamientos de la Ley Orgánica Municipal, es procedente la remoción del cargo de un edil cuando haya violaciones reiteraras a las garantías individuales de los ciudadanos.
De este modo, cuestiones como las agresiones físicas, verbales, amenazas, hostigamiento, retención de salario y hasta el impedimiento para que las regidoras ejerzan los cargos para los cuales fueron electas, son vulneraciones a los derechos fundamentales de las afectadas, lo cual sustentaría retirar del cargo López Ponce.
Aunque fue Quezada Tiempo quien subió a tribuna a presentar el documento, este está firmado además por Julián Peña Hidalgo, Geraldine González Cervantes y Silvia Tanús Osorio.
Adicional a esta solicitud, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ignacio Mier Bañuelos, adelantó que se presentaría una denuncia en contra de López Ponce por un supuesto desvío de recursos públicos para atender cuestiones partidistas.
Esto, explicó, pues el pasado martes el alcalde dio una rueda de prensa en la ciudad de Puebla, acompañado por los integrantes del cabildo de Tecamachalco, para hablar acerca del exhorto que le hizo la Comisión Permanente del PAN por la violencia política que ejerce en contra de las regidoras, el cual, apuntó Mier Bañuelos, se le hizo en su calidad de militante panista y no como funcionario municipal.
Por lo tanto cuestionó por qué se presentó con los regidores y síndico municipal, en horario laboral a discutir asuntos que no afectaban su cargo como alcalde, además de que este último operó como su abogado personal y no como el representante legal del ayuntamiento.
Estos elementos, dijo el legislador, tendrán que ser analizados, pues si se trató de una respuesta a un asunto partidista lo pudo haber hecho solo y con sus recursos personales, y no empleando equipos y trabajadores de la administración municipal.
A esto se suma el hecho de que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso ya tiene abierta una investigación en cuanto a las acusaciones de violencia política de parte del alcalde hacia las integrantes de su cabildo, añadió Mier Bañuelos, y en caso de que se confirme que sí incurrió en alguna violación a la ley en cuanto a su trato hacia sus colaboradoras, podría ser sancionado por esta vía.
