Por Valentín Varillas
Puebla ha sido uno de los estados que más obstáculos han puesto a las candidaturas independientes.
Si a nivel nacional se ve difícil que alguno de los perfiles que competirán sin el cobijo de algún partido, cumpla al cien por ciento con los severos requisitos siquiera para ser considerados como aspirantes a un cargo de elección popular, en el estado el panorama luce todavía mucho más oscuro.
No importa en los hechos que los partidos no tengan ya la confianza ciudadana y que busquen siempre auténticos refritos para intentar ganar espacios políticos.
Tampoco que no privilegien la posibilidad de que caras distintas vengan a oxigenar la competencia electoral, a través de una profunda renovación absoluta de actitudes y prácticas.
No, las mismas condiciones que privan en el juego del poder favorecen el status quo y privilegian los intereses cupulares antes que las necesidades ciudadanas en la materia.
Un ejemplo claro de lo anterior se vivió en el proceso poblano del 2016.
Aquí, se dejó un pésimo antecedente cuando el Congreso, manejado al cien por ciento por el entonces ejecutivo, decidió darle forma a una ley electoral que volvía prácticamente imposible la inclusión de independientes en la contienda para renovar la gubernatura.
Las modificaciones hechas por los diputados fueron consideradas como de las más severas en todo el país, yendo así a contrapelo de una tendencia mundial que ha probado su éxito rotundo no únicamente en democracias consideradas como “ más desarrolladas”, sino en países de Latinoamérica.
Ni siquiera la intervención de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación alcanzó para facilitar en los hechos las candidaturas ciudadanas.
En esto último tuvo mucho que ver el actuar parcial del órgano electoral local que se decantó más hacia la defensa de los intereses electorales del actual grupo en el poder y dejó a un lado la prioridad de defender los intereses políticos de los poblanos.
Afortunadamente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sus constantes correcciones a fallos del IEE poblano, enmendó en parte la situación y fue así como se registró Ana Teresa Aranda como independiente para competir por la gubernatura.
Sin embargo, la consigna tuvo consecuencias demoledoras para su campaña.
De entrada, tuvo que empezar dos semanas después que el resto de los competidores, tiempo valiosísimo en una campaña de duración de apenas dos meses.
Después, tuvo que pelear también por sus prerrogativas, aprobadas en principio por poco más de 300 mil pesos y duplicadas semanas después gracias, otra vez, a la intervención del TEPJF.
Además, el resultado obtenido por La Doña, mostró con contundencia que la ola independiente no ha pegado en Puebla con la fuerza que lo ha hecho en otros estados de la República.
Aranda alcanzó apenas 66 mil 766 votos, lo que representó un modestísimo 3.75% del total de la votación.
Fue, según estos datos, el último lugar de la contienda.
Es más, el número de votos nulos, 67 mil 374, superó a los de Ana Tere.
Contundente.
Sin embargo, su mal desempeño electoral es multifactorial y de responsabilidades compartidas.
Es evidente que el perfil de la ex panista no tuvo eco en los votantes poblanos, a pesar de su alto nivel de conocimiento y los años que llevaba dedicada a la política.
Pero también es cierto que en los hechos, resultan tabiques de un muro infranqueable las condiciones en las que se desenvuelve la política poblana en manos del actual grupo en el poder.
Aquí, por años se ha ensayado un estilo de gobierno de control total, en donde se somete a poderes en teoría independientes, organizaciones sociales, organismos empresariales, sindicatos y medios de comunicación.
Imposible competir bajo estas condiciones.
El caso del famosísimo “Bronco”, referencia nacional por excelencia de las candidaturas exitosas sin partido, fue completamente distinto y no tendrá el mismo resultado de concretarse su aventura a nivel nacional.
Jaime Rodríguez ganó Nuevo León con apoyos importantes de un grupo de poderosos empresarios que financiaron su campaña.
Contó también con el soporte de dueños de influyentes medios de comunicación, que se encargaron de la promoción necesaria a sus actividades políticas (El Norte y Reforma).
El “Bronco” tuvo todas las facilidades legales para competir en igualdad de circunstancias en el proceso electoral neoleonés, jamás existió consigna alguna.
De ahí que el tota de la sociedad regiomontana, tuvo acceso a las acciones de promoción de su imagen y por lo mismo a conocer su proyecto de gobierno.
Aquí, estamos todavía a años luz de alcanzar lo anterior.
Los partidos y su monopolio de poder pueden dormir tranquilos.
Todavía.
